En discusión proyecto de Ley Contra Delitos Mediáticos

Ortega también dijo ante el poder legislativo que son los medios "los que interfieren en nuestra vida de una forma gigantesca" y que estos "no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles ni para generar alteración de la paz social o del orden público, no pueden generar clima de inseguridad, ni generar a través de la noticia sensación de impunidad, por el contrario deben cumplir una función educativa".

También dejó claro, entre sus argumentos principales, que la protección de la seguridad de la nación es un valor constitucional y que "si lo colocamos frente a la libertad de expresión debe prevalecer la seguridad de la nación", concluyendo así que es preferible la supresión en cierta medida de la libertad de expresión ante factores que podrían desestabilizar (según el criterio del gobierno) la tranquilidad de los venezolanos. ^[1]

Ahora bien, la Asamblea Nacional ha decidido tomar la propuesta y discutirla con el propósito de convertirla en ley. Según la diputada Rosario Pacheco, presidenta de la Comisión de medios del Parlamento nacional, podría llevarse el anteproyecto presentado por Ortega a la calle para conocer la opinión ciudadana antes de someterlo a primera lectura en el Poder Legislativo. ^[2]

¿Qué se propone entonces en el actual proyecto de Ley CDM? El proyecto mostrado consta de tres páginas, con 17 artículos (16 si consideramos que el artículo 8 no aparece en el documento original) y antes de los cinco primeros se define a quien aplica: dueños de medios, periodistas, productores nacionales independientes, locutores, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de un medio de comunicación con cualquier soporte o instrumento utilizado. Las penas van desde seis meses hasta cuatro años de prisión para aquellas acciones, que como bien se explican, "lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial; atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas, justamente a través de un medio de comunicación social.

Desgranando el asunto, las sanciones son:

• Divulgación de noticias falsas: pena de dos a cuatro años
• Manipulación de noticias: igual de dos a cuatro años de prisión.
• Negativa a revelar información (le intenta pasar por encima a la Ley del Ejercicio del Periodismo donde se afirma, con ciertas condiciones, lo de la negativa a revelar la fuente) pena de prisión de seis meses a dos años.
• Coacción mediática: pena de prisión de uno a tres años.
• Omisión voluntaria de suministrar información: pena de prisión de dos a cuatro años.
• Instigación: dos a cuatro años.
• Obstaculización de actividades de medios de comunicación: uno a tres años de prisión.

Mientras que la Defensora del Pueblo ya se alineó a favor de la propuesta de Ortega afirmando q esta normativa permitirá la defensa de derechos humanos y constitucionales fundamentales como la paz y la no discriminación (obviando que lo que mencionó ya está establecido en el artículo 57 de la Constitución Nacional) el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) mencionó a la Ley CDM como una "iniciativa que colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas, perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio: el cerco en contra de las emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política".

El anuncio de la propuesta también coincide con la medida gubernamental de revocar la concesión a más de 34 emisoras de radio y dos televisoras regionales en Venezuela , hecho sin precedentes que sin duda es visto como una medida por parte del gobierno de imponer las voces disidentes aunque como bien afirman las autoridades, todo fue "apegado a las leyes".

Lectura complementaria

Libertad de Expresión en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

Además...

• Proyecto de Ley Contra Delitos Mediáticos (texto completo en PDF)
• Argumento sobre la Ley Contra Delitos Mediáticos publicado por el Ministerio Público
• La promulgación hace 5 años de la Ley de Contenidos
  

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