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Ley de Espionaje Telefónico en Venezuela es publicada en Gaceta Oficial

El gobierno de Hugo Chávez acaba de legalizar el espionaje telefónico y la intercepción sin previa orden judicial para controlar las llamadas de los venezolanos, especialmente las que se hacen a los medios de comunicación.

Ya no se podrá hablar libremente por teléfono en Venezuela. Tampoco enviar mensajes comprometedores por el móvil o celular. El diario Reporte informó que esta nueva disposición gubernamental, contenida en la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 25 de agosto, apareció publicada ayer en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930. Entre sus artículos, destaca el 309 que autoriza al Ministerio Público para obtener registros de llamadas de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial previa y obliga a las empresas de telecomunicaciones, bancarias y financieras a "mantener unidades permanentes las 24 horas del día y los siete días de la semana para procesar y suministrar el registro de ubicación del ciudadano". Esto coincide con la orden que ha dado ayer el ministro de Obras Públicas y Vivienda y presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello, de abrir "un procedimiento penal contra Globovisión" por los mensajes de texto que envía el público a través del móvil en el programa Buenas Noches de Producción Nacional Independiente de Kico Bautista. El canal está amenazado de cierre. Lleva seis expedientes, los primeros son administrativos y el último de carácter penal.

Ya no se podrá hablar libremente por teléfono en Venezuela ni enviar mensajes comprometedores por el móvil o celular

Según el diario Notitarde durante la discusión en la Asamblea Nacional de la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la oposición manifestó que el artículo 309 del COPP legaliza el espionaje telefónico, lo cual "desataría una persecución política". Sin embargo, el diputado Tulio Jiménez, presidente de la Comisión de Política Interior, aseguró que las "interceptaciones telefónicas" sólo tendrán como finalidad resolver secuestros y evitar asesinatos. "Estamos conservando la misma redacción respecto a la obligación de las empresas de telecomunicaciones, las bancarias y las de telefonía de crear unidades permanentes, para el registro de llamadas y las movilizaciones nerviosas de cuentas, lo que permite ubicar secuestradores". La potestad de solicitar tales registros será del Ministerio Público.

La fracción opositora en el Parlamento lamentó que el artículo 309 le dé competencias a la Fiscalía para que obtenga información o registro, en tiempo real, de la persona o personas investigadas, sin la orden de un tribunal.

Vean este link de El Universal donde explica gráficamente el proceso de espionaje telefónico.

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