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Sentencia de Sala Constitucional ordena reestructuración de créditos hipotecarios lineales y no lineales

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia, ordena al BANAVIH, realizar la reestructuración de los créditos hipotecarios otorgados por la banca, que tenían tasas de interés variable.

La sentencia en cuestión se trata en realidad de una sentencia aclaratoria (solicitada por el BANAVIH) sobre una sentencia emitida por la misma Sala Constitucional en Junio, donde el Banco Mercantil había intentado una solicitud de Amparo (decretado sin lugar) sobre una decisión desfavorable en doble instancia donde se negó la ejecución de una hipoteca. La sentencia que declaró inadmisible el amparo (así como la sentencia aclaratoria) tienen efectos que no solo aplican al caso en particular, sino también afecta intereses colectivos y difusos.

El Banco Mercantil demandó en 2005 ante los tribunales, la ejecución de una hipoteca contra la ciudadana Maryorie Inmaculada Benfele Rojas, cuya admisión fue negada en primera instancia y luego esa decisión fue ratificada en segunda instancia [ver]. El tribunal sujetó para la ejecución de la hipoteca, la consignación del certificado de deuda al que hace mención el artículo 56 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.

Posteriormente, en 2006 el Banco acudió al Tribunal Supremo y solicitó Amparo Constitucional con fundamento que el Tribunal omitió pronunciamiento sobre la admisión de la pretensión de ejecución de hipoteca, denunciando la violación a sus derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial eficaz, a la libertad de comercio y a la propiedad que acogen los artículos 26, 112 y 115 de la Constitución Nacional. El Banco argumentó en la apelación que "el dinero dado en préstamo proviene de recursos propios del banco, pero también se puede determinar que no se trata de un crédito indexado o doble indexado, sino de un crédito lineal de interés variable".

La Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, declaró sin lugar la pretensión de amparo constitucional [ver] el 11 de junio del presente año y anunció que en el extenso determinaría "el alcance de los artículos de la ley especial concerniente al presente caso" con efectos colectivos y difusos, más allá del caso en particular. Posteriormente el BANAVIH (que había sido invocado y aunque no acudió, fue parte importante del proceso) solicitó una aclaratoria de sentencia, la cual fue declarada como "procedente" [ver] el 21 de octubre del presente año, también con ponencia del Magistrado Rondón Haaz.

Efectos colectivos

En la aclaratoria de sentencia se ratifica que el Banavih es el ente responsable de emitir los certificados de deuda solicitados por los acreedores o por los deudores hipotecarios, así como para realizar el recálculo y reestructuración de la deuda en los casos donde sea aplicable, no solo con respecto a los créditos indexados o doble indexados sino también con respecto a todo aquel crédito hipotecario que "puedan conllevar a la pérdida de la vivienda principal por falta de capacidad de pago del deudor". Tal es el caso de los créditos lineales de interés variable con recursos propios de los bancos.

Según varios medios, entre los que se encuentran El Universal, este recálculo es aplicable en todos aquellos créditos líneales de interés variable desde el año 2006 1996, donde se hayan superado las tasas establecidas por el BCV, sin embargo en ninguna parte de estas sentencias (en alzada, superior o en sala constitucional) pude encontrar esa limitación de tiempo y desconozco en este momento la razón de la misma.

Cronología del Juicio

Esto comenzó el 7 de diciembre de 2005, cuando el Banco Mercantil incoó una solicitud de ejecución de hipoteca contra la ciudadana Marjorie Inmaculada Benfele Rojas.

  • El 11 de enero de 2006, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se abstuvo de pronunciarse sobre la admisión del procedimiento hasta tanto el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo emitiera el certificado de deuda a que se refiere el artículo 56 de la Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.
  • El 18 de enero de 2006, la representación judicial del Banco Mercantil apeló contra el auto de primera instancia, argumentando entre otras cosas que se trataba de un crédito lineal donde el referido certificado de deuda no aplicaba. El recurso de apelación fue admitido el 31 del mismo mes y el 22 de marzo de 2006 el apelante consignó su escrito de informes.
  • El 19 de junio de 2006, el Juzgado Superior Sexto Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la apelación que ejerció la parte actora en ese juicio, confirmó el auto que se abstuvo de admitir la pretensión de ejecución de hipoteca y condenó en costas a la demandante.
  • El 28 de junio de 2006, la parte actora anunció recurso de casación contra la anterior decisión, cuya admisión fue negada por auto del 12 de julio de 2006, por razón de la insuficiencia de la cuantía.
  • El 15 de diciembre de 2006 el Banco Mercantil incoó solicitud de amparo constitucional contra la decisión del 19 de junio de 2006 por el Tribunal de Segunda Instancia, que confirmó el auto de Primera Instancia.
  • Luego de la recepción del expediente de la causa (Nº 06-1888), se dio cuenta en Sala por auto del 21 de diciembre de 2006 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
  • El 9 de abril de 2007, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de la pretensión de amparo, admitió la demanda y ordenó la notificación al representante del Ministerio Público, al Banco Nacional de Ahorro y Préstamo y al Juez del Juzgado Superior Sexto Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
  • El 7 de mayo de 2007, se dejó constancia en el expediente de la práctica de la notificación del presente procedimiento al Juez Superior Sexto Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Fiscal General de la República.
  • El 11 de mayo de 2007, la representación judicial de la parte accionante solicitó, a la Sala, la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia respectiva.
  • El 18 de mayo de 2007, se dejó constancia en el expediente de la práctica de la notificación al entonces Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP).
  • El 31 de julio de 2007 y 23 de enero de 2008, los apoderados judiciales de la actora requirieron a la Sala que fijase la oportunidad de la audiencia pública correspondiente en el presente expediente.
  • El 21 de febrero de 2008, se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia pública respectiva, la cual se difirió el 6 de marzo de 2008.
  • El 7 de marzo de 2008, esta Sala ordenó que se notificara este procedimiento a la ciudadana Marjorie Inmaculada Benfele Rojas, tercera interesada.
  • El 13 de marzo de 2008, el abogado Julio Dávila Cárdenas consignó la dirección de la tercera interesada para que se llevara a cabo su notificación y luego, el 29 de mayo de 2008, peticionó la práctica de dicha notificación, de cuya realización se dejó constancia en el expediente, el 1° de agosto de 2008.
  • El 13 de agosto de 2008, los mandatarios judiciales de la demandante pidieron que se fijara la oportunidad para que se realizara la audiencia pública correspondiente, cuya celebración se dispuso el 23 de octubre de 2008, y, posteriormente, se difirió mediante auto de 13 de noviembre de 2008.
  • El 15 de enero de 2009, la ciudadana Marjorie Benfele Rojas, abogada, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 34.961, consignó escrito que fue agregado al expediente.
  • El 21 de enero de 2009, el apoderado judicial del Banco Mercantil C.A. Banco Universal solicitó se celebrara la audiencia pública respectiva, por cuanto ya se habían llevado a cabo las notificaciones correspondientes.
  • El 4 de mayo de 2009, se fijó, de nuevo, la oportunidad para la audiencia de ley, la cual tuvo lugar el 26 de mayo de 2009, con la comparecencia de los abogados Luis Aquiles Mejía y Julio Dávila Cárdenas, en representación de la parte accionante, Banco Mercantil C.A. Banco Universal; de la abogada Marjorie Benfele Rojas, en su nombre, y de la abogada Lizette Rodríguez Peñaranda, Fiscal Segunda del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • El 11 de junio de 2009 la Sala declaró sin lugar la pretensión de amparo constitucional a través del fallo Nº 770 y anunció que en el extenso determinaría "el alcance de los artículos de la ley especial concerniente al presente caso".
  • El 16 de junio de 2009, el BANAVIH solicitó aclaratoria de sentencia del fallo n.º 770.

El 21 de octubre de 2009, la Sala declaró con lugar la solicitud de aclaratoria, quedando aclarado el fallo en la misma sentencia y esta es la sentencia de la cual se discute actualmente en los medios.

Certificado de deuda del BANAVIH

En la Sentencia aclaratoria se menciona el punto sobre los certificados de deuda que debe emitir el BANAVIH pero que al parecer no hace con celeridad o sencillamente no los entrega:

"No escapa a esta Sala la preocupación que manifestó la representación judicial del accionante al momento de la celebración de la audiencia pública, en lo que respecta a la dificultad de obtención del certificado de deuda del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), situación que sería consecuencia de la falta de oportuna respuesta a los acreedores hipotecarios de parte del organismo competente, con lo cual su exigencia se convierte en una carga de imposible satisfacción, que impide, de facto, la tramitación judicial de legítimas pretensiones de ejecución de hipoteca".

Con respecto a esta situación, la Sala hace un recordatorio "al organismo correspondiente, esto es, al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) de que su omisión y/o demora se traduce, en cada caso concreto, en violación al derecho de acceso a la justicia de los acreedores hipotecarios y en el retraso en la recuperación de los fondos que serían destinados a nuevos préstamos, lo que imposibilita que otros venezolanos tengan acceso al crédito, con la consecuente lesión a su derecho a la vivienda".

Luego se le "conmina" al BANAVIH a que cumpla con el plazo reglamentario (20 días) para otorgar los certificados de deuda, con los plazos adicionales y prorrogas que puedan ser aplicables según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

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