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Clasificación y desclasificación de documentos oficiales en Venezuela

Aunque la “liberación” de documentos oficiales en el territorio venezolano sigue sin una ley orgánica, desde finales de 2010 rige una normativa que se le acerca de manera inversa.: otorga potestad a organismos públicos de catalogar una información como confidencial sin obligación de divulgarla.

Venezuela es uno de los tantos países en el mundo que sigue sin contar con una ley de clasificación y desclasificación de informaciones oficiales (es decir, secretos de estado que se “liberan” a la opinión pública en diversos periodos de tiempo según su grado de importancia) así como una ley de acceso a la información pública, que permita a cualquier ciudadano solicitar a entes públicos datos o documentos para hacer contraloría.

El año pasado, todavía con una Asamblea Nacional totalmente oficialista, se planteó un proyecto denominado Ley Orgánica para la Clasificación y Desclasificación de Documentos en Archivos Militares y Policiales que buscaba revelar documentos de la antigua DISIP, hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y otros organismos del estado.

Sin embargo, esa propuesta quedó relegada, pese a que la Constitución Nacional de 1999, en sus artículos 143 y 277, la establece como necesaria para determinar el acceso a documentos y aclarar funciones de personal administrativo estadal.

Otras dos normativas que también dependen de su publicación, al menos para solventar dudas y establecer claros parámetros, son la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la Ley Orgánica de Administración Pública, instrumentos que indican en varios artículos cómo debe ser el acceso a esos “secretos oficiales” pero que dependen de esta Ley.

Con este escenario, parece entonces sorpresiva la aparición en Gaceta Oficial (39.578) donde se señala la normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública y que entre otros elementos, establece que cualquier información pública puede ser declarada como confidencial, sin necesidad de que verdaderamente lo sea. Se trata de una ley que solo regula la clasificación de información pública más no presenta una opción para desclasificarla.

Ya organizaciones como Espacio Público se han pronunciando al respecto indicando que el instrumento limita más el acceso a la información, en cuanto a que debe nada se puede publicar o difundir sin pasar antes por la aprobación de la máxima figura del organismo quien a su vez podrá declararla como “confidencial” sólo por poseer importancia política o incluso, porque podría afectar la imagen del funcionario.

Lo resaltante es que esta normativa se articula con el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna) un ente aún inoperativo pero que establece entre sus funciones “analizar las informaciones que provengan del estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional” para así poder darle la respectiva clasificación según sea el grado de importancia.

En resumen, si no hay ninguna ley, entiéndase como los lineamientos básicos que se deben seguir para todo procedimiento, seguiremos en una penumbra que se prestará a interpretaciones y a instrumentos que seguirán dedicados a la conveniencia (o a su aplicación discrecional). El nuevo Poder Legislativo apenas comienza sesión hoy así que es posible que se hable de su inclusión en un futuro no muy lejano.

Edición menor por MN.

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