El Consejo Nacional Electoral rechazó la consulta en el estado Zulia mediante Referendo sobre la Reforma a la Ley de Descentralización, que le permitió al Gobierno Nacional la confiscación de puertos y aeropuertos.

Derecho Constitucional

Anoche la vicepresidenta del CNE, Janeth Hernández, anunció la NO PROCEDENCIA de un Referendo Consultivo sobre la Ley de Descentralización solicitada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ). La decisión fue tomada por la mayoría de los rectores principales de la institución con la excepción de Vicente Díaz, quien salvó el voto. [1]

Ya era de suponerse que el Gobierno Nacional enfrentaría una consulta de esta naturaleza antes que pudiera llegar a materializarse. Sin embargo, que el CNE haya rechazado el Derecho Constitucional al Referendo Consultivo es absurdo y mucho menos argumentando que hay una sentencia "clara" del TSJ que "no deja cabida a la interpretación", porque no es interpretación lo que se busca sino consultar sobre la acción confiscatoria.

Entonces, según la doctrina revolucionaria se puede hacer un Referendo Consultivo sobre la Constitución acerca de un tema previamente consultado, pero no se puede hacer un Consultivo sobre la Reforma de una Ley Orgánica que es de menor rango.

El Consejo Legislativo del Estado Zulia aprobó por mayoría calificada la solicitud de un Referendo ante el CNE sobre la reforma a la Ley de Descentralización, que le permitió al gobierno confiscar puertos y aeropuertos regionales.

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una Reforma a la Ley de Descentralización que había sido propuesta por el Gobierno Nacional, que le otorga el derecho al presidente para centralizar, intervenir y confiscar aquellos puertos y aeropuertos que eran competencia de las regiones, específicamente aquellos administrados por gobernaciones de oposición. Esta acción evidentemente va en contra de la Constitución Nacional vigente:

Constitución Nacional. Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados:

10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.

No parece evidente que "en coordinación con el Ejecutivo Nacional" pueda ser interpretado como el derecho del gobierno a confiscar los puertos y aeropuertos a su discreción, incluso la Reforma a la Ley de Descentralización parece estar desubicada al respecto. Pero lo hecho hecho esta, el gobierno pisoteó la Constitución cuando procedió la semana pasada a confiscar el puerto y el aeropuerto de Maracaibo por la fuerza, mediante la Fuerza Armada. Ya la semana anterior habían ejecutado la misma peripecia en Puerto Cabello, estado Carabobo.