El proyecto de Ley Contra Delitos Mediáticos contiene apenas 3 páginas y 16 artículos pero es suficiente como para generar un completo debate sobre si se atenta o no contra la libertad de expresión en Venezuela.

En este post... Ley Contra Delitos Mediáticos = Ley CDM.

Fiscal Luisa Ortega: "es necesario que el estado venezolano regule la libertad de expresión".

El gobierno nacional nos ha lanzado juntas tantas propuestas y reformas que no se sabe a ciencia cierta por donde batear primero. Venga, con esto no quiero decir que la administración de Chávez ha caído con el "vengo a imponer", porque hay que reconocer que en varios discursos han soltado las palabras mágicas "debatir" y "proponer", pero sí que quiere que los venezolanos comamos un tema tras otro sin darnos chance de digerir el anterior. Cuando digo eso me refiero a lo que tenemos ahora como plato de discusión: la Ley Orgánica de Educación, junto a la Ley de Procesos Electorales y a los proyectos de modificación a la Ley del Ejercicio del Periodismo y a la Ley Contra Delitos Mediáticos (Ley CDM).

Ahora, congelemos por un momento (así como la relación Venezuela-Colombia) todas con excepción de la Ley CDM propuesta por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz. ¿Que propone ella al respecto y cuánto se ha avanzado hasta ahora? "Es necesario legislar sobre esta materia, es necesario que el estado venezolano regule la libertad de expresión", aseguró la fiscal cuando presento a la plenaria de la Asamblea Nacional el proyecto, donde resaltó que a través de los medios de comunicación se pueden cometer actos criminales y que debido a estas "nuevas formas de criminalidad" el Estado tiene la obligación de prevenir estos delitos.

"El Estado -continúa- tiene la obligación de prevenir, de actuar es necesario regular su actividad (la de los medios) y blindarse una protección apropiada a los ciudadanos, los ciudadanos lucen indefensos ante el uso irracional que actualmente ostentan los medios de comunicación social". 

Dentro del denominado "paquetazo" de las 26 leyes vía Habilitante decretadas por el presidente, se encuentra el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), ente que viene a sustituir al emblemático Indecu. Entérese de cuáles son las funciones y el alcance de este organismo creado para la protección del pueblo.

Atrás quedaron los días en que el ente gubernamental  encargado de velar por la defensa de los consumidores y usuarios venezolanos se llamaba el  Instituto  para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu). Dentro de una de las 26 leyes habilitantes, específicamente en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los bienes y servicios, se crea un organismo que viene a derogar el antes mencionado: Indepabis, acrónimo de Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, que aunque en líneas generales cumple las mismas funciones, el nuevo documento legal le otorga nuevas propiedades.

Para entender todo este enredo, primero habría que mencionar que la antigua Ley de Protección al Usuario y Consumidor (que data de 1995) establecía tres sujetos donde el Indecu podía interferir. Estos son consumidor, usuario y proveedor. Con el nuevo decreto legal, estos protagonistas cambian y hasta se amplían de tres a ocho,  lo que le da mayor poder de acción al recién creado ente gubernamental. Las nuevas figuras son: Personas (Jurídicas o naturales, que vendrían a reemplazar al consumidor y usuario); Proveedor; Cadena de distribución, producción y consumo; Importadora o Importador; Productor o Productora; Fabricante; Distribuidor o distribuidora y finaliza con Comercializadora o Comercializador o Prestadora o Prestador de Servicios. Además de establecer  el femenino y masculino a cada elemento (tal como lo establece la Constitución del 99) el instituto ahora llega a nuevas partes de la cadena de comercialización que no incluye sólo al usuario final.

La Asamblea Nacional (AN) aspira a aprobar en menos de un mes 30 leyes, seis menos de las que ha aprobado el Presidente de la República vía Ley Habilitante, misma que por cierto, vence el venidero 1ero de agosto.

30 nuevas leyes antes de agosto

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) han decidido "incrementar sus horas de trabajo" todo con la finalidad de aprobar antes del 15 de agosto, por lo menos 30 leyes que según el cronograma pautado, ya deberían estar en Gaceta Oficial. Primero empezarán por aquellas que estén aprobadas en segunda discusión como la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, además la Ley de Financiamiento de las Campañas Electorales, ésta última importante considerando que estamos a escasos cinco meses de los comicios regionales.

Cilia Flores, presidenta del Poder Legislativo venezolano, aseguró que la AN "tratara" de aprobar todas las leyes que pueda antes del primer periodo legislativo que culmina el 15 de agosto. "Si es necesario ir a las sesiones extraordinarias, iremos" precisó la parlamentaria de las reuniones adicionales que no se realizan desde el la reforma constitucional el año pasado.

Rectorado de la Universidad del Zulia

El Gobierno  estudiantil son todos aquellos estudiantes elegidos por alumnos regulares de todas las facultades y núcleos de la casa de estudio, quienes trabajarán por un lapso máximo de dos años en el Consejo Universitario y en la Federación de Centros Universitarios (FCU). Las candidaturas aquí se realizan tanto de forma uninominal, en el caso de la presidencia al FCU, como planchas/grupos que se unen bajo una o varias toldas políticas universitarias y que se identifican por números.

Según la Ley de Universidades (1970), el Consejo Universitario además de estar integrado por las autoridades rectorales y del profesorado, tendrá un máximo de tres estudiantes activos que deberán renunciar al cargo luego de terminar la carrera o cuando expire el tiempo cumplido. Algunas de sus funciones son las de coordinar las labores de enseñanza, investigación y demás actividades académicas dentro de la universidad;crear,modificar y suprimir facultades, escuelas, institutos y dependencias universitarias; discutir el presupuesto; resolver las solicitudes sobre reválida de títulos, equivalencia de estudios y traslados,  y dictar los reglamentos internos, entre otras responsabilidades.

AN podría retirar derechos políticos sin intervención del Ministerio Público

Con la inhabilitación política impuesta por  la Contraloría de la República aún vigente, el tema parece no acabar allí puesto que la AN prepara el proyecto de Ley de Responsabilidad Política, misma con la que se busca aprobar sanciones a funcionarios públicos, siempre y cuando se le comprueben delitos contra el patrimonio venezolano.

De aprobarse la medida, los imputados no pasarán por un castigo penal, civil o administrativo por parte del Ministerio Público, sino aquellos que los diputados del Poder Legislativo nacional, con pruebas en mano, consideren necesario, como la inhabilitación política - lo mismo que hizo el Contralor-, separación de cargos o multas. ^[1]

Todo está listo para ser aprobada la Ley de Protección de Personas contra el Humo del Tabaco en Ambientes Cerrados del estado Zulia. Según voceros del Consejo Legislativo del mencionado estado,  ya el proyecto tuvo su aprobación dentro del Poder Legislativo regional  y sólo faltaría el ejecútese por parte del gobernador Manuel Rosales,  que estaría previsto para finales de este mes.

La medida, que se estaría a la par de la promulgada hace bastante tiempo,  estuvo basada en un estudio realizado por el Ministerio de Salud donde ubica al estado occidental  en primer lugar de la lista de muertes por cáncer de pulmón, debido a que entre otras cosas, la edad promedio para fumar  se ubica entre los 14 a 16 años. Sin embargo, su activación surgió luego de una serie de denuncias de trabajadores de casinos y bingos quienes aseguran que tanto ellos como los asistentes no fumadores, son afectados ante el incesante humo del tabaco en las instalaciones.

Ahora será gratis

La medida confirma lo que se venía planteando desde el pasado mes de febrero, donde se preveía la reforma a la Ley de Transito Terrestre, donde menciona que la Federación Médica Venezolana era el único ente que podía expedir el papel necesario para, entre otras cosas, adquirir la licencia de conducir. Con la mencionada modificación, ahora se entregará a través del Ministerio de la Salud, por medio de ambulatorios y centros asistenciales.