Por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue restituido en su cargo el alcalde del municipio Sucre del estado Zulia, Jorge Barboza.

El alcalde Barboza había sido destituido el pasado 24 de febrero por decisión de la Sala Electoral del TSJ, basados en una deuda que tiene el dueño de la casa donde Barboza reside, sin embargo esta decisión fue anulada este jueves por la Sala Constitucional. Durante los días que Barboza estuvo alejado de su cargo, éste lo ocupó Humberto Jesús Franka Salas, representante del PSUV que había perdido las elecciones municipales de 2008 justamente frente a Barboza.

La Sala Constitucional solicitó de oficio (y con ponencia conjunta de todos los magistrados) dos expedientes a la Sala Electoral relativos al caso y decidió unilateralmente declarar la NULIDAD ABSOLUTA de la destitución y la inmediata restitución del alcalde en su cargo, debido a que se menoscabaron derechos constitucionales a la participación política y se usurparon las funciones del CNE y del Seniat, por lo que fue aplicado el artículo 138 de la Carta Magna que establece que "toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos".

La nota de prensa del TSJ después del salto [1]... 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia, ordena al BANAVIH, realizar la reestructuración de los créditos hipotecarios otorgados por la banca, que tenían tasas de interés variable.

La sentencia en cuestión se trata en realidad de una sentencia aclaratoria (solicitada por el BANAVIH) sobre una sentencia emitida por la misma Sala Constitucional en Junio, donde el Banco Mercantil había intentado una solicitud de Amparo (decretado sin lugar) sobre una decisión desfavorable en doble instancia donde se negó la ejecución de una hipoteca. La sentencia que declaró inadmisible el amparo (así como la sentencia aclaratoria) tienen efectos que no solo aplican al caso en particular, sino también afecta intereses colectivos y difusos.

El Banco Mercantil demandó en 2005 ante los tribunales, la ejecución de una hipoteca contra la ciudadana Maryorie Inmaculada Benfele Rojas, cuya admisión fue negada en primera instancia y luego esa decisión fue ratificada en segunda instancia [ver]. El tribunal sujetó para la ejecución de la hipoteca, la consignación del certificado de deuda al que hace mención el artículo 56 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.

Posteriormente, en 2006 el Banco acudió al Tribunal Supremo y solicitó Amparo Constitucional con fundamento que el Tribunal omitió pronunciamiento sobre la admisión de la pretensión de ejecución de hipoteca, denunciando la violación a sus derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial eficaz, a la libertad de comercio y a la propiedad que acogen los artículos 26, 112 y 115 de la Constitución Nacional. El Banco argumentó en la apelación que "el dinero dado en préstamo proviene de recursos propios del banco, pero también se puede determinar que no se trata de un crédito indexado o doble indexado, sino de un crédito lineal de interés variable".

La Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, declaró sin lugar la pretensión de amparo constitucional [ver] el 11 de junio del presente año y anunció que en el extenso determinaría "el alcance de los artículos de la ley especial concerniente al presente caso" con efectos colectivos y difusos, más allá del caso en particular. Posteriormente el BANAVIH (que había sido invocado y aunque no acudió, fue parte importante del proceso) solicitó una aclaratoria de sentencia, la cual fue declarada como "procedente" [ver] el 21 de octubre del presente año, también con ponencia del Magistrado Rondón Haaz.

El Consejo Nacional Electoral rechazó la consulta en el estado Zulia mediante Referendo sobre la Reforma a la Ley de Descentralización, que le permitió al Gobierno Nacional la confiscación de puertos y aeropuertos.

Derecho Constitucional

Anoche la vicepresidenta del CNE, Janeth Hernández, anunció la NO PROCEDENCIA de un Referendo Consultivo sobre la Ley de Descentralización solicitada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ). La decisión fue tomada por la mayoría de los rectores principales de la institución con la excepción de Vicente Díaz, quien salvó el voto. [1]

Ya era de suponerse que el Gobierno Nacional enfrentaría una consulta de esta naturaleza antes que pudiera llegar a materializarse. Sin embargo, que el CNE haya rechazado el Derecho Constitucional al Referendo Consultivo es absurdo y mucho menos argumentando que hay una sentencia "clara" del TSJ que "no deja cabida a la interpretación", porque no es interpretación lo que se busca sino consultar sobre la acción confiscatoria.

Entonces, según la doctrina revolucionaria se puede hacer un Referendo Consultivo sobre la Constitución acerca de un tema previamente consultado, pero no se puede hacer un Consultivo sobre la Reforma de una Ley Orgánica que es de menor rango.

El 15 de febrero iremos a un Referéndum Consultivo donde habrá solo una pregunta para aprobar o rechazar una Enmienda Constitucional, que establecerá la figura de la Reelección Indefinida en la legislación venezolana.

Enmienda a la Constitución

La reelección indefinida ya había sido propuesta con anterioridad por Chávez mediante una Reforma Constitucional que fue a Referendo Consultivo y fue rechazada. Sin embargo, a solo unas semanas de haberse realizado las elecciones regionales y municipales, el gobierno de nuevo propone la reelección indefinida a través de una Enmienda Constitucional impulsada por la Asamblea Nacional.

El primer problema con la Enmienda esta en la pregunta que salió de la Asamblea Nacional para ser refrendada (especialmente la primera que habían hecho pública), que me ha hecho dudar seriamente acerca de la capacidad legislativa de nuestros representantes. Se trata obviamente de una pregunta formulada para promover la opción por el SI, pero que no representa realmente lo que se esta proponiendo.

La pregunta: "¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República tramitada por la Asamblea Nacional que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular?"

Existe un error en las notificaciones de apertura de procedimientos administrativos por CADIVI que podría significar la nulidad de las mismas o ¿tal vez? una corrección de forma por parte de la entidad.

1. Extracto del texto enviado por Eduardo Ebrat:

Si Usted aparece en alguna de las Listas Negras de CADIVI, Usted ha sido engañado por el gobierno y además, le ha limitado a utilizar su cupo en dólares (que ya es una injusticia), a los cuales NO PODRÁ acceder por las vías administrativas normales, sino por dos medios: 1) con una palanca o 2) acudiendo a un ¿Hacker?.

Para conocer mejor sobre el error garrafal del Gobierno Bolivariano Socialista Venezolano, y de la injusticia que el mismo está cometiendo con Usted, le sugiero lea el anuncio que aparece en la siguiente dirección:

http://www.noticierodigital.com/?p=13258

Funcionarios del Indepabis conjuntamente con la Sunacoop procedieron al cierre indefinido de manera preventiva de las nueve oficinas de la Cooperativa de Protección Automotriz (Coproauto), en todo el país.

La cooperativa presuntamente se encontraba operando de manera ilegal por incumplimiento de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y deben demostrar la legalidad en la naturaleza de la actividad que practican y estar inscrita en la Superintendencia de Seguros.

Aviso en Páginas Amarillas

Como se recordará el pasado mes de diciembre se procedió al cierre administrativo de la oficina principal de la Cooperativa, ubicada en  Caracas  en el Centro Plaza, luego de una inspección adelantada por  Eduardo Samán, presidente del Indepabis, acompañado de Ana Teresa Ferrini, Superintendente Nacional de Seguros y el Superintendente Nacional de Cooperativas, Juan Carlos Baute.

Las otras oficinas cerradas indefinidamente están ubicadas en Guatire, San Antonio de los Altos, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Cabimas, y Maturín.

Esta medida administrativa se tomó luego que el Indepabis procesara denuncias por incumplimientos de la cooperativa, dedicada a prestar servicios de seguros de automóviles y pólizas de salud. [Indepabis]

Coproauto (RIF J-30932673-2) debe responder a sus 46 mil afiliados por las irregularidades en las que han incurrido y deberán reintegrarle el dinero a aquellos que deseen retirarse.