Los delitos contra el patrimonio público son hechos delictivos en perjuicio del estado, perpetrados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; y que en casos, pueden ser perpetrados por particulares y contra particulares.

Todos hemos escuchado historias sobre corrupción, algunas verdaderas, otras posiblemente distorsionadas, pero en la mayoría de los casos realmente no son tan siquiera denunciadas. La corrupción sucede (hipotéticamente) cuando un funcionario policial no cumple con su deber, cuando un fiscal de tránsito "matraquea", cuando un funcionario con fondos bajo su cuido los desvía, cuando un fiscal del ministerio público recibe alguna dádiva por emitir un oficio fiscal que le es propio de su cargo, cuando un funcionario judicial le hace un favor a un "amigo" para retrasar o fabricar algún procedimiento, cuando un Juez titular recibe un soborno o dádiva (o la sola promesa) para proferir un fallo o incluso cuando un particular induce a algún funcionario a realizar un acto de corrupción.

Conozca los escenarios que la ley tipifica como delitos de corrupción y sepa donde denunciarlos.

Los delitos contra el patrimonio público o hechos de corrupción suceden cuando uno o varios funcionarios públicos, con alguna clase de autoridad o no, realizan actos contrarios a la ley u omiten realizar actos que le corresponderían realizar según sus atribuciones, o incluso cuando realizan actos que si les corresponden por ley; desviando fondos, solicitando sobornos, recibiendo dádivas, mediante el uso de influencias o con abuso de funciones. En casos específicos cuando el funcionario incurso en corrupción se asocia con uno o varios particulares para la perpetración de los hechos, estos particulares también son susceptibles de ser sancionados penalmente.

La persecución de los delitos contra el patrimonio público no prescribe según lo que establece el artículo 271 de la Constitución Nacional vigente que establece precisamente que "no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes". Esto significa que es posible denunciar un hecho de corrupción años después de ocurrido; por ejemplo cuando se hayan presentado nuevas pruebas, cuando se hayan presentado testigos o en aquellos casos cuando se hayan descubierto con posterioridad las maquinaciones empleadas. No obstante, debe tener presente que debe existir una presunción grave que el hecho de corrupción realmente ocurrió, esto, porque la falsa denuncia también se encuentra penada por la ley.

A solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ordenó la suspensión provisional de las medidas de arresto contenidas en la Ley del Ejercicio de la Odontología por motivo de sanciones administrativas.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió un Recurso de Nulidad interpuesto por la Defensoría del Pueblo el pasado mes de abril, contra los artículos 44, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62 y 64 de la Ley de Ejercicio de la Odontología que está vigente desde 1970. Mientras se decide el fondo de la causa, la Sala declaró procedente una medida cautelar innominada de suspensión de tales artículos. 

Según la Defensoría, los artículos en la Ley de Ejercicio de la Odontología que prevén arrestos administrativos violan de manera flagrante el principio de reserva judicial de las medidas de privación de libertad previsto en el artículo 44 de la Constitución Nacional.

Constitución Nacional

Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

Ahora... ¿Qué dicen los artículos cuestionados?..

CADIVI ha reportado que el CICPC ha "desmantelado una banda" dedicada a realizar consumos con tarjetas de crédito con cupos de divisas, simulando que eran realizados en el exterior.

DESMANTELADA BANDA QUE SE DEDICABA A COMETER ILÍCITOS CAMBIARIOS

19/01/2008.- El grupo reclutaba a ciudadanos que poseen tarjeta de crédito vigente y activadas en CADIVI, para luego realizar consumos a través de un punto de venta satelital panameño, ingresado al país de manera ilegal.

Una banda que se dedicaba a cometer ilícitos cambiarios fue desmantelada la semana pasada en Valencia, estado Carabobo, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La banda denominada “Los Panameños” se dedicaba a reclutar a ciudadanos que poseen tarjeta de crédito vigente y activadas en el sistema de administración de divisas de CADIVI, para luego realizar consumos con dichas tarjetas a través de un punto de venta satelital panameño, ingresado al país de manera ilegal, y simular que el usuario hacía las compras desde el exterior.

La información la dio a conocer en rueda de prensa el presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Manuel Barroso, acompañado por el Subdirector del CICPC, Luis Fernández.

Continua después del salto...

Según Marcos Chávez, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el 48% de los policías de Venezuela se dedican a ejercer funciones de escoltas o guardaespaldas.

¿Que significa eso que publica hoy Globovisión?... Si los números son acertados casi la mitad de los policías en TODO EL PAÍS están fuera de sus labores naturales en la lucha contra el hampa y la inseguridad. Mientras los criminales se dedican impunemente al secuestro, al robo y la extorsión en ocasiones con la colaboración de algunos banqueros, policías y hasta del gobierno nacional que se dán la vista gorda.

Si el 49% de los policías venezolanos son guardaespaldas o escoltas, cabe preguntar ¿escoltas de quién? ¿de nuestras mismas autoridades?... Al menos están al tanto del problema de la inseguridad, mala suerte para los simples mortales que no tenemos nuestros policías personales o nuestra guardia de honor.

Ni decir que la otra mitad de los policías está cumpliendo su papel, porque la inseguridad se percibe mucho MÁS ALTA en años recientes. Sería interesante ver una encuesta sobre la inseguridad en las zonas urbanas de los estados del interior, porque lo que se refiere a la región capital y la región zuliana la situación es grave. Pero no tome mi palabra, levántese de la silla por un momento y adquiera uno de esos medios impresos regionales que al gobierno nacional le encantaría censurar, busque la sección de sucesos.

La familia de Los Simpsons estarán de vuelta en Televen los miércoles a las 7 de la noche, luego que fueran censurados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

La CNN norteamericana hoy publica que "Los Simpsons" regresarán a Televen los miércoles a las 7 p.m. después de haber sido sacados del aire el pasado 4 de abril y reemplazados por Baywatch en la estación de televisión, canal 10 de la señal abierta VHF.


La salida del aire del programa se dió luego que CONATEL amenazara a Televen con una multa, la salida del aire por tres días o de ser coercionados para mostrar programas seleccionados por la agencia como castigo por mantener a "Los Simpsons" en el horario matutino (todos los días a las 11 a.m.), incluso después de varias advertencias.

Con la nueva Ley contra los Ilícitos Cambiarios el gobierno ha puesto una nueva barricada entre tu bolsillo y el resto del mundo.

Desde el pasado viernes 14 de octubre entró en vigencia la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, que busca erradicar el mercado alterno de divisas penalizando a cualquier persona o entidad que compre o venda dólares sin la mediación del BCV (o la declaración ante el BCV). Con esta nueva ley el BCV tendrá la competencia exclusiva en la venta y compra de divisas, de esta manera, cualquier operación con divisas que se realice fuera del control impuesto por el Gobierno será considerada como un delito.

El artículo 6 de La ley establece: "A quien compre, venda, enajene, transfiera, ofrezca, reciba, exporte o importe entre 10.001 dólares hasta 20.000 dólares será castigado con una multa equivalente al doble del excedente de la operación ilegal. Si la cantidad excede los 20.001 dólares será sancionado con la misma multa, con prisión de dos y seis años, además de reintegrar las divisas".

El artículo 8: "Quien destine las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, será sancionado con prisión de tres a siete años y multa del doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria".