El empresario Eligio Cedeño recibió el beneficio de ser juzgado en libertad, a solo unas semanas que fuera condenado Gustavo Arraiz como "cómplice necesario" en el delito de "distracción de recursos financieros y en plena crisis bancaria (de instituciones pequeñas).

La jueza 31° de Control del Área Metropolitana de Caracas, María Lourdes Afiuni Mora, dejó en libertad al empresario Eligio Cedeño (posiblemente a derecho), quien había sido imputado por el caso Microstar debido a irregularidades cometidas durante su gestión en Bolívar Banco.

Esta Jueza fue detenida el mismo día y el presidente Chávez en alocución televisada solicitó la "pena máxima" disponible en nuestro país (30 años de prisión) denunciando que hizo "una componenda" con los alguaciles y los abogados del preso.

Por otra parte, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció que la noche del jueves fue aprehendido en El Rosal el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Antonio Márquez, por presuntamente guardar relación con la investigación de los bancos intervenidos.

Empresario Eligio Cedeño	Jueza María Lourdes Afiuni Mora
Fiscal General Luisa Ortega Díaz	Presidente Hugo Chávez

El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció la intervención a puertas abiertas de los bancos Canarias, Bolívar, Provivienda y Confederado por incumplimientos repetidos. 

El ministro Rodríguez informó que se dictaron medidas administrativas que no fueron acatadas y por eso se emitieron cuatro resoluciones de intervención. Según el ministro la medida es para garantizar el dinero de los ahorristas e, incluso, de los acreedores. Una intervención a puertas abiertas significa que las instituciones seguirán operando "con normalidad".

Recientemente se había aprobado la fusión de Provivienda con el Banco Canarias.

El Régimen de Intervención Bancaria es una figura establecida en el Artículo 395 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Según el artículo 235 numeral 5, es competencia de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN): "La estatización, o la intervención de bancos, entidades de ahorro y préstamo,otras instituciones financieras y sus empresas relacionadas, así como la decisiónde acordar su rehabilitación o liquidación."

Según el artículo 322 de la LGBOIF, durante el Régimen de Intervención Bancaria no se pueden acordar medidas judiciales preventivas contra la institución financiera afectada, las entidades que constituyan el Grupo Financiero o empresas relacionadas; y las medidas judiciales existentes deben ser suspendidas.

Gustavo Arraiz, recibió condena de seis años de prisión como "cómplice necesario" en el delito de "distracción de recursos financieros" por irregularidades en el uso de divisas otorgadas por Cadivi al Consorcio Microstar.

El caso Microstar se inició en el año 2003, ante la denuncia efectuada por funcionarios del Seniat. Los ciudadanos Eligio Cedeño y Gustavo Arraiz fueron imputados en noviembre de 2005 con medidas privativas de libertad y medidas de aseguramiento de los bienes de Arraiz. La investigación se basó sobre las presuntas irregularidades ocurridas en el uso de 27 millones de dólares otorgados por CADIVI al Consorcio Microstar, con recursos del Banco Canarias, para la importación de equipos informáticos que nunca ingresaron al país.

Los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República habían solicitado la separación de las causas de Gustavo Arraiz y de Eligio Cedeño, debido a que éste último no fue trasladado hasta el Tribunal. Los fiscales nacionales 50° y 53°, William Guerrero y Ana Isabel Hernández, respectivamente, ratificaron la acusación individual (a solicitud de la Sala de Casación Penal del TSJ) contra Arraiz por el referido delito de "distracción de recursos financieros", previsto y sancionado en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Durante la audiencia preliminar, Arraiz admitió los hechos, y el Tribunal 39° de Control del área metropolitana de Caracas, procedió a dictar una sentencia de seis años de prisión en su contra.

En carta dirigida al presidente Chávez publicada en el diario Ultimas Noticias (que incluyó el "Patria, Socialismo o Muerte, venceremos.." al pie de la nota [ver]) Gustavo Arraiz relata que fue "cazado, capturado en Panamá sin motivo ni orden judicial, privado de la libertad y arrojado en un lugar lugubre sin explicación alguna" siendo "SECUESTRADO desde Panamá hasta Caracas". Al parecer unos funcionarios lo obligaron a renunciar a la detención preventiva con fines de extradición en la embajada de Venezuela en Panamá, para luego entregarse "voluntariamente en libertad a funcionarios venezolanos", quienes ya tenían un pasaje con su nombre, pagado en efectivo y lo llevaron escoltado hasta Caracas.

Además de esta sentencia, aún está pendiente el juicio por los presuntos delitos de "obtención fraudulenta de divisas" y "contrabando agravado" en la modalidad de simulación de importaciones, con lo que podría aumentar la condena.