Más que para elegir un nuevo presidente, las elecciones de hoy sen Honduras pueden servir para superar la crisis institucional en la que está sumido este país centroamericano desde el 28 de junio pasado, cuando fue desalojado del poder el presidente Manuel Zelaya.

Manuel Zelaya, presidente destituido de Honduras.

La situación de Honduras ha mantenido dividida a la comunidad internacional frente a la legitimidad de los comicios, pero al aval de los Estados Unidos de los resultados se sumó el viernes el apoyo del presidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, quien afirmó que reconocerá al ganador de las elecciones de ser "transparentes" y animó a otros países a reconocerlas.

Una posición opuesta han asumido los gobiernos miembro del Alba, comandados por el presidente Chávez y secundado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quienes no van a "reconocer las elecciones bajo el gobierno de facto". Unasur sesionó el Viernes en Quito, pero no tomó ninguna decisión al respecto.

La verdad es que yo le quiero preguntar a los países de América Latina, que han dicho que no quieren reconocer al futuro Gobierno, ¿por qué reconocen al Gobierno de Irán cuando las elecciones no fueron limpias?, ¿por qué reconocen al Gobierno de Afganistán, cuando las elecciones no fueron limpias?... "¿Para qué vamos a castigarlos con un segundo huracán Mitch, que sería no reconocer al nuevo gobierno?" preguntó Arias.

En las principales ciudades hondureñas se vive una polarización similar, que se ha traducido en una campaña electoral marcada por las amenazas y terrorismo. Desde el inicio del proceso electoral, hace dos meses, se han presentado 30 explosiones en sedes de campaña de los candidatos y puntos clave tanto para el Gobierno de facto como para quienes apoyan el retorno del depuesto presidente, Manuel Zelaya.

Por unanimidad los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral aprobaron parte del cronograma electoral para la elección de los 167 diputados a la Asamblea Nacional, la institución más importante en Venezuela.

Dentro de unos 10 meses tendremos las elecciones más importantes en Venezuela desde las presidenciales en 2007 que ratificaron a Chávez hasta diciembre de 2012, o incluso, más importante aún que las parlamentarias de 2005 donde los candidatos de oposición decidieron retirarse todos en conjunto como protesta por la falta de condiciones y respuestas, resultando en una Asamblea Nacional 100% oficialista (luego se distanció el partido "Podemos").

Quienes aprueben este "Proyecto de Ley de Exploración Lunar con Fondos Públicos" favor hacerlo con la señal de costumbre.

Usualmente las elecciones parlamentarias se hacen en diciembre, pero será el próximo 26 de septiembre de 2010 cuando sean electos (o reelectos) los 167 diputados a la Asamblea Nacional. Sin embargo queda pendiente establecer la fecha de las elecciones de concejales y juntas parroquiales que debieron haber sido en diciembre del presente año pero fueron pospuestas debido a "excusas" sobre falta de presupuesto. Estos funcionarios a partir del mes de diciembre van a superar los 4 años del período que establece la Constitución.

También está pendiente la elección del Alcalde de Maracaibo, luego que Manuel Rosales recibiera asilo político en Perú después de las amenazas del presidente y la consecuente imputación en su contra.

La nueva Ley Orgánica del Registro Civil entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en la Gaceta Oficial Nº 39.264 del 16/09/2009, derogando en consecuencia un número importante de artículos en el Código Civil y otras leyes.

Esta nueva Ley de carácter orgánica introduce un Registro Civil Automatizado que tomará el control sobre la expedición de partidas de nacimiento y actas de defunción en el país, el cual deberá ser reglamentado e instrumentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de una Comisión de Registro Civil y Electoral, lo que en teoría deberá agilizar al Registro Civil existente y mantendrá un Registro Electoral depurado.

Luego de leer el articulado referente a la prometedora Automatización del Registro Electoral y sobre el Expediente Civil Único de los ciudadanos, se infiere que habrá una separación de competencias entre la administración de los datos de identidad y la emisión de documentos de identidad (ambas funciones las venía ejecutando la Onidex), aunque en las disposiciones finales se le otorga la última palabra al CNE para definir el mecanismos sobre el cual se implementará el Número Único de Identidad.

Mientras que la Oficina Nacional del Registro Civil (adscrita al Poder Electoral) se encargará de administrar la Base de Datos del Registro Civil, podría ser el Saime (adscrita al Poder Ejecutivo, anteriormente conocida como Onidex) el encargado de emitir los documentos de identidad como el Número Único de Identidad, la Cédula Electrónica y/o el posible Pasaporte Electrónico.

Esta se trata de una Ley Orgánica y como tal es natural asumir que vendrán nuevas leyes ordinarias, reglamentos y derogaciones que complementaran la normativa de todo lo referente sobre el Registro Civil. Esta Ley contiene 172 artículos y entrará en vigencia dentro de los ciento ochenta (180) días (unos seis meses) siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial, lo que según mi conteo será a mediados de marzo de 2010.

El empresario multimillonario con tendencia derechista, Ricardo Martinelli, fue proclamado este domingo ganador de las presidenciales de Panamá por el Tribunal Electoral, cuando se había escrutado solo el 43,68% de los sufragios.

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá

El presidente del Tribunal Electoral panameño, Erasmo Pinilla, anunció que "conforme a los datos extraoficiales que tiene el Tribunal Electoral con el 43,68% de los electores escrutados, el tribunal considera que "... Ricardo Martinelli ..." es el ganador indiscutido de la contienda por la presidencia de la República" [1]. Con estos resultados el presidente electo obtenía 61% de los votos, mientras que Balbina Herrera conseguía 36,83% y Guillermo Endara 2,51%.

Según la Constitución de Panamá (art. 172) [2]: "El Presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos para un período de cinco años. Con el Presidente de la República serán elegidos y de la misma manera y por igual período un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente, quienes reemplazarán al Presidente en sus faltas, conforme a lo prescrito en los artículo 182, 183 y 184 de esta Constitución".

Martinelli (del partido Cambio Democrático) en esta ocasión venció a la candidata oficialista del Partido Revolucionario Democrático, Balbina Herrera, con casi el doble de los votos escrutados hasta el momento de escribir esto. Hace 5 años Martinelli había perdido la contienda presidencial [3] con tan solo un 5,03% de los votos a su favor.

Chávez, ignorando la voluntad popular designó a Jacqueline Farías como Jefa del recién creado "Gobierno del Distrito Capital" restandole competencias al Alcalde Mayor electo, Antonio Ledezma.

Antonio Ledezma, Alcalde Mayor de Caracas

El presidente Chávez ha designado "digitalmente" a Jacqueline Farías como nueva Jefa de Gobierno del Distrito Capital [1], pasando por encima de una autoridad que recientemente había sido electa mediante el voto popular. Farías fue Ministra del Ambiente de Chávez, presidenta de Hidrocapital y se venía desempeñando como presidenta de Movilnet; pero es además vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Región Occidental.

Lo cierto es que el pasado 23 de noviembre 2009, Antonio Ledezma resultó electo como Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano con el 52,42% de los votos. Pero desde el primer momento el gobierno se ha empeñado en sabotear cualquier posibilidad de gestión y no permitieron que Ledezma ocupara la sede donde siempre ha funcionado la Alcaldía Mayor, mientras que en la Asamblea Nacional era debatida y aprobada la nueva Ley del Distrito Capital.

Antonio Ledezma mientras tanto, ratificaba una solicitud de referendo consultivo ante el CNE [2] acerca de la nueva autoridad metropolitana designada a dedo.

El Consejo Nacional Electoral rechazó la consulta en el estado Zulia mediante Referendo sobre la Reforma a la Ley de Descentralización, que le permitió al Gobierno Nacional la confiscación de puertos y aeropuertos.

Derecho Constitucional

Anoche la vicepresidenta del CNE, Janeth Hernández, anunció la NO PROCEDENCIA de un Referendo Consultivo sobre la Ley de Descentralización solicitada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ). La decisión fue tomada por la mayoría de los rectores principales de la institución con la excepción de Vicente Díaz, quien salvó el voto. [1]

Ya era de suponerse que el Gobierno Nacional enfrentaría una consulta de esta naturaleza antes que pudiera llegar a materializarse. Sin embargo, que el CNE haya rechazado el Derecho Constitucional al Referendo Consultivo es absurdo y mucho menos argumentando que hay una sentencia "clara" del TSJ que "no deja cabida a la interpretación", porque no es interpretación lo que se busca sino consultar sobre la acción confiscatoria.

Entonces, según la doctrina revolucionaria se puede hacer un Referendo Consultivo sobre la Constitución acerca de un tema previamente consultado, pero no se puede hacer un Consultivo sobre la Reforma de una Ley Orgánica que es de menor rango.

El Consejo Legislativo del Estado Zulia aprobó por mayoría calificada la solicitud de un Referendo ante el CNE sobre la reforma a la Ley de Descentralización, que le permitió al gobierno confiscar puertos y aeropuertos regionales.

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una Reforma a la Ley de Descentralización que había sido propuesta por el Gobierno Nacional, que le otorga el derecho al presidente para centralizar, intervenir y confiscar aquellos puertos y aeropuertos que eran competencia de las regiones, específicamente aquellos administrados por gobernaciones de oposición. Esta acción evidentemente va en contra de la Constitución Nacional vigente:

Constitución Nacional. Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados:

10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.

No parece evidente que "en coordinación con el Ejecutivo Nacional" pueda ser interpretado como el derecho del gobierno a confiscar los puertos y aeropuertos a su discreción, incluso la Reforma a la Ley de Descentralización parece estar desubicada al respecto. Pero lo hecho hecho esta, el gobierno pisoteó la Constitución cuando procedió la semana pasada a confiscar el puerto y el aeropuerto de Maracaibo por la fuerza, mediante la Fuerza Armada. Ya la semana anterior habían ejecutado la misma peripecia en Puerto Cabello, estado Carabobo.

El CNE anunció la misma noche el primer boletín oficial del Referendo Consultivo acerca de la Enmienda: con 6.003.544 votos a favor del Sí (54,36%), 5.040.082 votos para el No (45,63%) y con una abstención relativa de 32,95%.

Un día después el CNE emitió el segundo boletín [ver totales] con un total de 11.710.740 votos escrutados (99,57% del total) y una abstención del 29,67%, donde la opción del 'Sí' alcanzó un total de 6.310.482 votos (54,85%) y la opción del 'No' alcanzó un total de 5.193.839 votos (45,14%). La oposición a la Enmienda obtuvo una clara ventaja en los estados Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia; mientras que el resto de los estados votaron a favor de la misma.

Resultados del Referendo

No hay sorpresas, la Enmienda se impuso y el derecho de los gobernantes a la reelección indefinida (o reelección continua si prefiere) ya podemos considerarla como parte del Constitución Nacional... Aquí no ganó Venezuela, ni los simples mortales, hoy ganaron un grupo de personas en el gobierno y en la oposición que serán beneficiados por esta modalidad electoral.