Venezuela y Perú acordaron restablecer relaciones diplomáticas

PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA PARA DICTAR DECRETOS CONTENTIVOS DE

ACTOS CON, RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY EN LAS

MATERIAS QUE SE LE DELEGAN

EXPOSICION DE MOTIVOS

Siendo un imperativo la profundización del proceso orientado hacia el bien común que se desarrolla en Venezuela, una vez que fuera revalidado nuevamente, de forma democrática y libre, la dirección y el sentido político que desde hace 8 años imprime el Poder Ejecutivo a todas aquellas instituciones y funciones que le competen, se hace ahora imprescindible impulsar una etapa en la que se acentúe el proceso de transformaciones en el que se halla inmersa la Nación, siendo por tanto urgente dotar al Presidente de la República, la autoridad rectora de este cambio estructural, de un instrumento jurídico que de forma expedita impulse la materialización acendrada de los principios constitucionales.

La consolidación del proyecto aprobado de forma libérrima por el poder constituyente en diciembre de 1999, luego de un proceso consultivo y deliberativo de naturaleza democrática y consecuentemente popular, constituye la idea que orienta esta etapa iniciada por la voluntad del soberano, y justifica la urgente necesidad de aprobar una Ley Habilitante que faculte al Presidente de la República para dictar decretos contentivos de actos con rango, valor y fuerza de Ley, tendentes a instrumentar el proceso de transformación, incentivando su práctica en los distintos ámbitos de la vida pública, de manera que sus principios sean permanentes y constantemente elevados a la categoría de actos cotidianos y de realidades concretas por parte de la sociedad venezolana.

La construcción del Estado social de derecho y de justicia, que sea garante de la plena participación del pueblo venezolano en los espacios de decisión de lo público, constituye el fin último de esta delegación legislativa, que además contempla el fomento del elemento ético como valor de máxima consideración al normar el manejo de la cosa pública.

La razón de ser que impulsa la aprobación de la presente Ley Habilitante se refiere a la necesidad de emprender una reestructuración de las instituciones y de las dinámicas que rigen lo público, para hacerlas más acordes con los postulados constitucionales y más eficaces en su labor de representación, intermediación y construcción del interés colectivo.

En este sentido, el Estado debe contar con unas Instituciones aún más consecuentes con los postulados constitucionales, por lo que una Ley Habilitante en el actual momento de profundización sociopolítica, desarrollaría de manera precisa:

-El ámbito de la transformación de las Instituciones del Estado: abordando los mecanismos de apertura de las instituciones a la ciudadanía, de modo que la accesibilidad, la transparencia y la uniformidad de criterios sean la característica preponderante del sector estatal en su relación con el público, fijando mecanismos efectivos de selección funcionarial y detallando de una manera concisa y práctica la organización y funcionamiento de las distintas instancias estatales, al ser imprescindible para el avance del cambio social emprendido desde 1999, el fortalecimiento y perfeccionamiento permanente de las instituciones del Estado en su relación con el cuerpo social.

- El ámbito de la participación popular: de modo que se establezcan los mecanismos de participación, control social, inspección técnica social y voluntariado de la comunidad organizada en la aplicación del ordenamiento jurídico, económico y social del Estado; adecuar, la estructura organizativa de la Administración para permitir el ejercicio directo del Poder Popular; tomando en cuenta que la profundización del principio constitucional de democracia participativa y protagónica es un histórico compromiso político asumido por el Ejecutivo Nacional con las mayorías populares venezolanas, además de un deber jurídico ineludible e inaplazable que requiere un mayor desarrollo en el plano legal.

-El ámbito de los valores esenciales del ejercicio de la función pública: de tal forma que el cuerpo funcionarial de las instituciones tenga claramente delimitado el mapa de sus responsabilidades, atribuciones y deber ser, así como las sanciones a que hubiera lugar en caso de asumir conductas contrarias al interés general y/ o específico de la ciudadanía; al ser una exigencia popular y una necesidad vital para completar la transformación de la Nación, el contar con un Estado que sirva al colectivo al respetar la Constitución y las leyes de la República.

-El ámbito económico y social: Con el objeto de transformar el paradigma económico capitalista actualmente hegemónico, dictando leyes que preserven la función social de la propiedad en sus diversas formas y clases, así como normas para el [MENSAJE TRUNCADO]