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Parece avecinarse una tremenda amenaza para el patrimonio público
Aprovechamos esta oportunidad para exponer algunas consideraciones sobre la lesión que se le generaría a la sociedad al no renovarse la concesión a RCTV, canal con 53 años de experiencia en el negocio.

El ministro Jesse Chacón ha destacado que el "nuevo modelo" contempla que a "quien se le entregue la concesión no podrá colocar ni un contenido dentro del canal. El contenido lo colocarán otros actores que no administren la frecuencia". Continúa el ministro: "El gran reto que tenemos todos es sustituir un modelo que es totalmente vertical, donde contenido y medio le pertenecen a un solo dueño, ese dueño usufructúa ese bien de dominio público y obtiene un beneficio". Adicionalmente, el ministro declaró que "el gran salto que va a dar Venezuela" el 28 de mayo, es salir de "un modelo donde el hecho comunicacional" se ve desde la óptica de obtener beneficios económicos a través de la publicidad.

Frente a estas declaraciones, es pertinente puntualizar que los canales de televisión no son empresas integradas sólo verticalmente. Es esta pérdida de precisión precisamente la que ha sido utilizada para intentar "justificar" la no-renovación de la concesión. Luego, aun en el caso de que fuera verticalmente integrada, si los productores de contenidos resultan eficientes (lo que significa que el televidente apruebe sus contenidos vía aceptación y audiencia), no existe razón económica para excluirlos. Por otra parte, la imposición de contenido sin valor para la sociedad castiga al canal privado, a la audiencia y a las empresas que desean publicitarse. Así las cosas, el primer interesado en que el contenido de su programación sea socialmente valorado es el propio canal privado, ya que esto se traduce en market share y mayor valor de las pautas publicitarias. Así, el éxito comercial del canal privado es consecuencia de su éxito social y de audiencia, con lo cual resulta absolutamente falso que la utilidad sea únicamente para el privado que administra la concesión.

En contraste, en el nuevo modelo de Canal 2, donde el administrador de la concesión "nada" tiene que ver con el contenido, la audiencia pierde poder disciplinador para que el contenido y el uso del espectro radioeléctrico generen valor social. Más allá, el nuevo Canal 2, en el cual existirá "ausencia" de incentivos económicos y desinterés por las pautas publicitarias, muy posiblemente generará incentivos políticos de intermediar contenidos en favor del Estado financista y no de la audiencia. De hecho, la independencia funcional y presupuestaria se elimina, anulando las ventajas que ofrece un canal privado como RCTV.

Como consecuencia de lo anterior, parece avecinarse una tremenda amenaza para el patrimonio público, al abrirse una nueva vía de despilfarro del erario público. Uno de los motivos en favor de la administración de la concesión por parte de un privado, es justamente el interés económico. Este interés obliga a los administradores del canal a ser exitosos en contenido, lo que se traduce en audiencia y pautas publicitarias, siendo económicamente autosostenibles. Los aportes patrimoniales y las inversiones en manos privadas tienen que ser soportados por sus accionistas y no por medio de fondos públicos.

Luego, los fondos públicos, independientemente de como sean canalizados al financiamiento de contenidos o en favor de la administración del nuevo canal, poseen un alto costo de oportunidad para una sociedad que clama por seguridad personal, por viviendas dignas y oportunas, por educación, salud, etc.

Asimismo, las ayudas públicas que perciba el nuevo canal podrían constituir un ventajismo que perfeccionaría el despliegue de competencia desleal por parte del nuevo canal en contra de los canales privados de señal abierta.

Así las cosas, sacar del aire a RCTV que cuenta con uno de los más altos market share en Venezuela, lesiona a los televidentes y a las empresas que demandan pautas publicitarias, mientras se propicia el despilfarro de los fondos públicos.

Por otra parte, la medida no garantiza el objetivo de permitir un mayor acceso de entrada a los productores de contenido independientes. Además, existen incentivos para buscadores de renta que se convierten en productores de contenido, con el fin de favorecer al financista a espaldas de los televidentes. El Estado ya cuenta con un buen número de estaciones de televisión y de disposiciones para promover el acceso a esos productores independientes. Por lo tanto, no tiene por qué cerrar RCTV