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Indepabis ha recibido 6.826 denuncias de presuntas estafas inmobiliarias

El Instituto para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) contabiliza, en las salas situacionales, más de 6.826 denuncias inmobiliarias, lo que representa 34.130 personas que han sido presuntamente estafadas.

Reseñó esta semana El Universal que Aura Rosa Hernández, presidenta del Indepabis, detalló que las cifras de denuncias recibidas están vinculadas con 635 desarrollos habitacionales inconclusos ubicados en distintas zonas del territorio nacional. Señaló que tras la expropiación de cinco urbanismos y la ocupación temporal de otros ocho por parte del Gobierno Nacional, se incrementaron las denuncias recibidas ante el Indepabis por parte de familias que han sido víctimas de estas inmobiliarias.

Indicó además que esta cifra representa entre 4% y 5% de las denuncias en todo el país. Refirió que los estados donde se han recibido más reportes de irregularidades son: Carabobo, Aragua, Miranda, Zulia, Portuguesa, Lara, Nueva Esparta y Anzoátegui.

"Antes de la publicación de la resolución, publicada el 30 de noviembre de 2010 por el Ejecutivo sobre las diferentes medidas de ocupación temporal y expropiación, el número de denuncias que inicialmente oscilaba entre 1.650 y 1.700 han ido aumentando a 6.700, debido a las constantes violaciones por parte de las constructoras con el cobro indebido del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y la firma de nuevos contratos con aumentos exorbitantes", explicó.

Para el pasado mes de noviembre (2010), Indepabis había recibido más de 4.500 denuncias sobre estas presuntas estafas inmobiliarias.

Vale la pena mencionar que la llamada "estafa inmobiliaria" no es actualmente un delito per se, sino que, para que el incumplimiento inmobiliario denunciado pueda ser considerado como un hecho punible de esta clase, debe tener los preceptos tipificados para el delito de estafa que se encuentran en el artículo 462 del Código Penal. De lo contrario es materia que debe ser resuelta por otras vías administrativas (Indepabis) o judiciales (tribunales ordinarios).

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