El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) muestra la segunda versión de Canaima, una distribución Linux venezolana (consistente en Sistema Operativo y paquetes de software) que busca cubrir las necesidades de la Administración Pública Nacional (APN).

La duda recurrente después del decreto presidencial  3.390 (sobre la obligatoriedad de las tecnologías libres en la APN) era el cómo adaptarse a software de código abierto después de tanto tiempo con aquellos bajo ambiente Windows. La cuestión no se ha resuelto, pero se han hecho avances paso a paso. Canaima, en su segunda versión, es una muestra de ello.

Como ya se mencionó, es una distribución Linux basada  en Debian 5.0 “Lenny”, que como se explica en la página del CNTI, cuenta con actualizaciones y funcionalidades adicionales de utilidad para usuarios finales y administradores. Realmente no hay mucha información al respecto. Tiene una página central  que permite la descarga y un Wiki con información complementaria. Sobre su instalación,  Henry Rivero, gerente de Plataforma Tecnológica del CNTI, aseguró que la instalación completa dura menos de 30 minutos y  “cualquier persona puede hacer este proceso, no es necesario ser especialista ni técnico". ^[1]

Dentro del denominado "paquetazo" de las 26 leyes vía Habilitante decretadas por el presidente, se encuentra el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), ente que viene a sustituir al emblemático Indecu. Entérese de cuáles son las funciones y el alcance de este organismo creado para la protección del pueblo.

Atrás quedaron los días en que el ente gubernamental  encargado de velar por la defensa de los consumidores y usuarios venezolanos se llamaba el  Instituto  para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu). Dentro de una de las 26 leyes habilitantes, específicamente en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los bienes y servicios, se crea un organismo que viene a derogar el antes mencionado: Indepabis, acrónimo de Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, que aunque en líneas generales cumple las mismas funciones, el nuevo documento legal le otorga nuevas propiedades.

Para entender todo este enredo, primero habría que mencionar que la antigua Ley de Protección al Usuario y Consumidor (que data de 1995) establecía tres sujetos donde el Indecu podía interferir. Estos son consumidor, usuario y proveedor. Con el nuevo decreto legal, estos protagonistas cambian y hasta se amplían de tres a ocho,  lo que le da mayor poder de acción al recién creado ente gubernamental. Las nuevas figuras son: Personas (Jurídicas o naturales, que vendrían a reemplazar al consumidor y usuario); Proveedor; Cadena de distribución, producción y consumo; Importadora o Importador; Productor o Productora; Fabricante; Distribuidor o distribuidora y finaliza con Comercializadora o Comercializador o Prestadora o Prestador de Servicios. Además de establecer  el femenino y masculino a cada elemento (tal como lo establece la Constitución del 99) el instituto ahora llega a nuevas partes de la cadena de comercialización que no incluye sólo al usuario final.