El Senado de los Estados Unidos aprobó una ley, y el presidente Barack Obama promulgó un decreto presidencial para sancionar funcionarios venezolanos que consideran responsables o participes de la violación de los derechos humanos y casos graves de corrupción en Venezuela.
El 10 de diciembre del 2014 el Senado estadounidense aprobó por unanimidad la denominada "Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela" (S.2142 - Ley 113-278) la cual fue firmada por Barack Obama el 18 de diciembre del 2014. El proyecto de Ley fue presentado por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata, Bob Menendez.
Ésta figura jurídica no incluyó (inicialmente) una lista específica de sancionados sino que se trata de un marco legal que exhorta al Presidente de los Estados Unidos a establecer sanciones a funcionarios venezolanos que hayan incurrido en actos de violación a los Derechos Humanos durante las manifestaciones opositoras de febrero y marzo de 2014.
Las sanciones que pueden aplicarse a funcionarios venezolanos son: el bloqueo de activos y bienes dentro del territorio de los Estados Unidos, deportación; revocación, negación y suspensión de visas. Las personas sancionadas serán aquellas que hayan incurrido o sean responsables de actos de violencia o serias violaciones de los DDHH contra personas asociadas a las manifestaciones de febrero de 2014, y en adelante. Asimismo, aquellos funcionarios que hayan ordenado el arresto o la persecución de un manifestante solo por hacer uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión y de reunión, podrán ser sancionados.
Protestas de 2014 en Venezuela
El 4 de febrero del 2014, iniciaron en Táchira y Mérida una serie protestas estudiantiles detonadas en rechazo al robo e intento de violación a una estudiante. Las manifestaciones se extendieron a diversas ciudades del territorio nacional, como Caracas y Maracaibo; popularmente fueron denominadas "guarimbas". Los manifestantes colocaron barricadas en las diversas avenidas y calles de las principales ciudades del país, en rechazo a la situación política, económica y social que impera en Venezuela.
Relacionado: Protestas en Venezuela desde febrero 2014
Por su parte, el Gobierno nacional encarceló a varios dirigentes estudiantiles que se encontraban al frente de las protestas, así como a periodistas, reporteros gráficos, y al líder opositor Leopoldo López. También fueron rápidamente detenidos y sentenciados a prisión los alcaldes en ejercicio Daniel Ceballos y Enzo Scarano, ambos de oposición.
Durante las manifestaciones fallecieron aproximadamente 18 personas, solo en el mes de febrero hubo más de 579 detenidos de los cuales 45 fueron privados de libertad. El foro Penal Venezolano contabilizó en marzo del 2014, un total de 970 personas detenidas, 30 denuncias de tortura y tratos degradantes. Fue una situación complicada porque se presentaron notables abusos de autoridad pero también numerosas lesiones entre ciudadanos y daños a la propiedad. El gobierno en lugar de buscar soluciones mantuvo una política de confrontación.
Las consecuencias económicas fueron cuantiosas, ya que durante las guarimbas hubo daños a la propiedad pública y privada, el derecho al libre tránsito fue cercenado, y una gran cantidad de comercios no pudieron abrir sus puertas. De hecho durante el período que se llevaron a cabo las protestas se registró una notable contracción económica. No obstante, es cuestión de debate si las protestas fueron realmente un factor determinante.
Ley del Senado 113-278
El 10 de diciembre del 2014 fue aprobada, por unanimidad en el Senado estadounidense, una normativa legal (Ley 113-278) para sancionar a quienes consideraban responsables de violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2014 ante la inacción en la jurisdicción venezolana. Esta ley fue denominada "Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela" (S.2142), la cual fue firmada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el 18 de diciembre del 2014.
Las sanciones estipuladas en la Ley estadounidense de "Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad civil de Venezuela," son:
- Bloqueo de activos. Aquellos bienes e intereses de una persona que se encuentren dentro del territorio estadounidense podrán ser bloqueados, y se prohibirán todas las transacciones que se realicen referentes a éstos.
- Expulsión del territorio de los Estados Unidos y revocación de visas u otros documentos. El Presidente de los Estado Unidos podrá autorizar la revocación, negación de la visa u otra documentación del sancionado. Asimismo éste podrá ser excluido del territorio de los Estados Unidos.
Cabe destacar que la sanción de exclusión de los Estados Unidos y la revocatoria de la visa no es aplicable en aquellos funcionarios que se encuentren acreditados ante las Naciones Unidas. No obstante, esta excepción no aplica respecto de las sanciones sobre el bloqueo de bienes, propiedades e intereses en territorio norteamericano y no es limitante para entrar en el listado de sancionados.
La ley del Senado 113-278 expiró el 31 de diciembre de 2015, pero se trataba de una exhortación al poder ejecutivo de esa nación para imponer sanciones. El 9 de marzo de 2015 el presidente Obama emitió un decreto que aún sigue vigente (denominado Orden presidencial de Venezuela), en el que se ordenó al Departamento del Tesoro la congelación de bienes y activos, así como la prohibición de negocios con funcionarios venezolanos que cumplan los criterios indicados, y adicionalmente se anexó un listado específico de 7 individuos a sancionar.
En la práctica, el gobierno estadounidense dentro de su jurisdicción puede, y suele imponer sanciones o revocar visas de individuos según diversos criterios, que incluyen violaciones a los derechos humanos, pero pueden abarcar otros hechos como irregularidades financieras o por razones de seguridad nacional (como sospecha de terrorismo).
Relacionado: Visas americanas de inmigrante y no inmigrante
El decreto de Obama
El 9 de marzo de 2015 el presidente Obama emitió un decreto de emergencia (Orden presidencial de Venezuela) ordenando a "todos los organismos del Gobierno de Estados Unidos" a tomar todas las medidas apropiadas dentro de su autoridad para sancionar a funcionarios venezolanos que hayan incurrido o incurran en los criterios que se indican. Este decreto se conoce popularmente como el decreto de Obama, o "Decreto Obama".
El decreto ordena al Departamento del Tesoro la congelación de bienes y activos de los funcionarios sancionables, y al Departamento de Estado la autoridad para tomar acciones, promulgar nuevas normas y reglamenos, así como de utilizar todos los poderes otorgados al Presidente de los Estados Unidos en caso de emergencia económica. También se prohiben los negocios de estadounidenses con funcionarios venezolanos sancionados.
Los criterios para sancionar a funcionarios venezolanos son:
- Personas involucradas en o responsables por la erosión de las garantías de los DDHH.
- Persecución de oponentes políticos.
- Restricción de la libertad de prensa.
- Uso de violencia y violaciones a los DDHH.
- Abusos en respuesta a protestas contra el gobierno.
- Detenciones y arrestos arbitrarios de manifestantes antigubernamentales.
- Corrupción pública significativa de altos funcionarios del gobierno de Venezuela.
En decreto en cuestión invocó como marco legal las siguientes leyes:
- Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (50 USC 1701 y siguientes).
- Ley de Emergencia Nacional (50 USC 1601 y siguientes).
- Ley de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela (2014).
- Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)).
- Sección 301 del título 3 del Código de Estados Unidos.
El decreto de emerengcia no se establece a Venezuela como una amenaza como tal, pero indica que "la situación en Venezuela", incluida la erosión de los derechos humanos, y la persecución de oponentes políticos, constituye una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos". También establece expresamente:
«Esta orden no está dirigida contra el pueblo de Venezuela, sino a las personas involucradas responsables por la erosión de las garantías de los Derechos Humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de libertades de prensa, el uso de violencia y las violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a manifestaciones antigubernamentales, el arresto y las detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales»...
Previamente en septiembre de 2014, el presidente Obama se había pronunciado sobre Venezuela, los presos políticos y el caso de Leopoldo López.
Obama renueva el decreto hasta 2017
El artículo 202 (d) de la Ley de Emergencia Nacional de EE.UU. (50 USC 1622 (d)) establece que los decretos de emergencia en ese país se extiguen automáticamente en el aniversario de su declaración a menos que, dentro de los 90 días previos, el Presidente publique en el Registro Federal y notifique por escrito al Congreso que la emergencia continua en vigor.
Barack Obama ratificó la Orden Presidencial de Venezuela el 3 de marzo de 2016 por un año, hasta el 9 de marzo de 2017, cuando habrá nuevo presidente en la Casa Blanca (las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre 2016). La renovación del decreto se dio a solo 5 días en el que se cumplía un año del aniversario de su promulgación.
La ratificación del decreto de Obama se dio solo unos días después que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, con ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, limitó facultades contraloras de la Asamblea Nacional, que precisamente se encontraba investigando el irregular nombramiento "express" de magistrados de esa y otras salas del TSJ con mira a revocar las designaciones.
El gobierno venezolano responde
La ley 113-278 del Senado fue considerada por Nicolás Maduro como una agresión hacia Venezuela. A través de su cuenta en Twitter el mandatario venezolano afirmó que: "El Presidente Obama ha dado un paso en falso contra nuestra Patria, al firmar las sanciones a pesar del rechazo nacional y continental…". Por su parte, el canciller venezolano Rafael Ramírez mencionó que "la Administración norteamericana verá hasta qué punto quiere profundizar la confrontación con nosotros. Yo le auguro que va a quedar aislado".
El 11 de diciembre de 2014, el Presidente de Venezuela pronunció un discurso dirigido a su par estadounidense, Barack Obama. Parte de éste decía:
«Creo que si se impone, presidente Obama, la locura de la vía de las sanciones, van a salir muy mal parados porque quien toca la tecla de la moral y del amor patrio al venezolano (…) a los latinoamericanos, está jugando con la historia. […]Ahí está el imperialismo estadounidense conspirando todos los días, el día de ayer el senado de Estados Unidos, insolentes senadores norteamericanos, insolentes imperialistas del Senado, aprobaron una resolución y que para sancionar a Venezuela. ¿Quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar?».
El 19 de marzo de 2015, durante un acto de la campaña de recolección de firmas para exigirle al presidente estadounidense la derogación del decreto, Maduro leyó los mensajes en inglés: "Venezuela is not a threat, we are hope" y "Obama, repeal de executive order".
El decreto de Obama fue rechazado enérgicamente por el gobierno venezolano, el chavismo, y representantes diplomáticos de países cercanos al chavismo, porque supuestamente declaraba a Venezuela como una amenaza. El chavismo ha enfocado su campaña "antiimperialista" y "antiinjerencista" bajo una visión nacionalista de mea corrupta, tua corrupta.
En marzo de 2016 cuando fue ratificado el decreto de Obama por otro año, nuevamente el gobierno venezolano, y el chavismo en general lo rechazaron. Mientras la oposición salía a la calle para protestar y solicitar la renuncia del presidente Maduro, el chavismo organizó movilizaciones de protesta contra la renovación del decreto.
Posición del gobierno norteamericano
Tras ser aprobado el proyecto de Ley por el Congreso, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest destacó que «No hemos permanecido en silencio, ni lo haremos, frente a acciones del Gobierno venezolano que violan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas». Mientras que el presidente de Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Ed Royce, destacó que con la aprobación del proyecto los Estados Unidos «envía un mensaje contundente de apoyo a todos los venezolanos que anhelan libertad, democracia y el imperio de la ley».
Frente a las declaraciones del presidente Maduro, el gobierno estadounidense fue tajante en que las sanciones no son contra Venezuela sino contra un grupo específico de funcionarios públicos que quebrantaron los derechos humanos durante las protestas opositoras llevadas a cabo en Venezuela.
Posición de la oposición venezolana
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski destacó el 10 de diciembre de 2014:
«Nuestro pueblo no tiene por qué preocuparse. Las sanciones no son contra Venezuela. Esas sanciones son para los enchufados. El país puede estar tranquilo, porque ningún país va venir a imponerle sanciones al pueblo. No hay que dejarse distraer, porque lo que busca el Gobierno es que la gente se distraiga de la realidad».
En la oposición venezolana generalmente no se habla sobre el decreto de Obama o sobre las sanciones contra funcionarios, pero tampoco hay rechazo contra estas medidas. Es probable que se trate de un tema políticamente incorrecto, aunque, fuera de los microfonos hay posiciones de apoyo o de indiferencia. A fin de cuentas las sanciones son en territorio estadounidense, no en Venezuela.
El 08/03/2016, la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) rechazó un acuerdo propuesto por el diputado chavista Francisco Torrealba para rechazar la renovación del decreto de Obama.
El 09/03/2016 el diputado Julio Montoya (Primero Justicia) intervino durante un debate en la Asamblea Nacional sobre la corrupción en Venezuela. No se habló sobre el decreto de Obama, pero se hace mención de casos de corrupción que han sido investigados en EE.UU.
El 16/03/2016 el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró que renovación del decreto de Obama no es "injerencista", agregando: «cada gobierno puede tomar autónomamente, con o sin razón, las medidas que desde el punto de vista de su política interna, ellos crean que es conveniente para su país»... «pero esa decisión que tomó el presidente Obama, no afecta al país porque no tiene aplicación interna».
Funcionarios venezolanos sancionados
A través de un comunicado del 2 de febrero de 2015, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki detalló que «Según la sección 212 (a)(3)(C) del acta de Inmigración y Nacionalidad, el gobierno de Estados Unidos impuso restricciones en la Visa para un número adicional de funcionarios del gobierno, actuales y retirados, quienes se cree son responsables de complicidad en abusos contra los Derechos Humanos». Agregó que las sanciones serán extendidas a aquellos funcionarios que incurran en actos de corrupción ya que «están contribuyendo al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas del país».
Según informó un funcionario público estadounidense a The Associated Press, la nueva lista de sancionados estaría conformada por 32 personas, de las cuales siete funcionarios están acusados de violación a los DD.HH. y 16 son familiares directos de éstos. En julio del 2014, el gobierno estadounidense ya había suspendido la visa a 24 funcionarios venezolanos, con lo que se totalizó a 56 sancionados para la fecha.
Junto al decreto de emergencia del 9 de marzo de 2015 emitido por el presidente Obama, se anexó un listado con 7 funcionarios que fueron directamente sancionados. Algunas de las acusaciones fueron genéricas.
| Funcionario | Cargo público | Motivo alegado |
|---|---|---|
| Antonio José Benavides Torres | Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la FANB y ex director de operaciones de la GNB. | Se le atribuye que funcionarios de la GNB bajo su cargo habrían empleado la fuerza en contra de los manifestantes y periodistas pacíficos, incluida la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego. |
| Gustavo Enrique González López | Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). | Se le atribuye de ser responsable, o cómplice, o de haber participado de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos. Bajo su dirección, se alega que el SEBIN cometió acciones represivas contra civiles y cientos de detenciones extrajudiciales. |
| Justo José Noguera Pietri | Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y ex comandante general de la GNB. | Se le atribuye, como comandante de la GNB, tener bajo su cargo a funcionarios que habrían empleado la fuerza en contra de manifestantes y periodistas pacíficos, incluida la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego. |
| Katherine Nayarith Haringhton Padron | Fiscal de nivel nacional de la 20ª oficina de distrito del Ministro Público. | Se le atribuye haber acusado a varios miembros de la oposición, incluido al ex legislador de la asamblea nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de estado con base en información inverosímil y en algunos casos inventada. La evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos. |
| Manuel Eduardo Pérez Urdaneta | Director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). | Se le atribuye a miembros de la PNB bajo su cargo el empleo de la fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales. |
| Manuel Gregorio Bernal Martínez | Jefe de la 31.ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana y ex director general del SEBIN. | Bernal Martínez estuvo al mando del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de los manifestantes, y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general. |
| Miguel Alcides Vivas Landino | Inspector general de la FANB y ex comandante de las REDI de la región de los Andes de la FANB. | Se le atribuye de ser responsable, o cómplice, o de haber participado de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos incluidos aquellos durante las protestas a partir de febrero de 2014. |
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio publicó en su página web una lista parcial con los nombres de algunos funcionarios venezolanos que podrían ser sancionables.
En el listado del senador Rubio figuran: Hugo Carvajal (director de Inteligencia Militar), Luisa Ortega Díaz (Fiscal General), Francisco Rangel Gómez (goberandor del estado Bolívar), Henry Rangel Silva (gobernador del estado Trujillo), Miguel Rodríguez Torres (Ministro de Interior y Justicia), Hébert García Plaza (Ministro de la Defensa), entre otros. Estos podrían ser, o no ser realmente, parte de los sancionados ya que una lista completa no ha sido publicada.
Vea además: Los Derechos Humanos
1 comentario