El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a magistrados del Tribunal Supremo venezolano por haber usurpado las atribuciones de la Asamblea Nacional.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha impuesto sanciones económicas contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, así como contra los siete magistrados titulares de la Sala Constitucional, atribuyéndoles responsabilidad en las sentencias que han cercenado la capacidad de la Asamblea Nacional para cumplir con sus deberes constitucionales.
Las sanciones fueron impuestas en concordancia con la orden ejecutiva Nº 13692 que ordena el bloqueo de todos los bienes o activos pertenecientes a los individuos sancionados que puedan encontrarse en territorio estadounidense, o que puedan encontrarse en posesión o control de cualquier ciudadano estadounidense. La orden también prohibe a empresas, entidades y ciudadanos estadounidense a realizar cualquier negocio o transacción con los individuos sancionados, así como la recepción de cualquier donación o contribución.
Los magistrados sancionados son Maikel Moreno (presidente del TSJ) y los siete magistrados de la Sala Constitucional: Juan José Mendoza Jover, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson.
El Departamento del Tesoro citó algunos ejemplos de sentencias con las que se ha usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional, que han sido directamente redactadas y firmadas por estos magistrados:
- El fallo de enero de 2017 que le permitió al presidente Nicolás Maduro presentar su Memoria y Cuenta ante el TSJ y no la Asamblea Nacional (AN), como lo dicta la Constitución.
- El fallo de diciembre de 2016 en el que designaron a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional.
- El fallo de octubre de 2016 que le permitió al presidente Maduro presentar el presupuesto de la nación de 2017 ante el TSJ, para posterior aprobación vía decreto, y no ante la Asamblea Nacional como se establece en la Constitución.
- Las sentencias a través de las cuales se permitió al ejecutivo venezolano a gobernar a través de un Decreto de Emergencia Económica así como los fallos que renovaron la extensión del Estado de Emergencia, lo que es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional.
- Las sentencias que han limitado la abilidad de la Asamblea Nacional para cumplir con sus atribuciones constitucionales.
- El fallo de septiembre de 2016 que declaró nulos actos de la Asamblea Nacional.
- Las sentencias de marzo de 2017 con las que fueron despojados de su inmunidad parlamentaria los miembros de la Asamblea Nacional y permitieron al TSJ asumir atribuciones legislativas que son exclusivas de la Asamblea Nacional.
El senador Marco Rubio aplaudió las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.
Estas sanciones se conocen cuando en Venezuela ya tenemos más de un mes de protestas diarias contra el gobierno de Nicolás Maduro en las que se exigen elecciones, en medio de una profunda crisis política y económica, así como en rechazo a una ilegal Asamblea Constituyente con la que se pretende modificar la constitución sin elecciones libres y universales. La ola de protestas se inició precisamente contra las dos decisiones del TSJ en marzo de 2017 con las que se pretendieron usurpar los poderes de la Asamblea Nacional.
Designaciones ilegales
Es importante recordar que en diciembre de 2015 fueron designados 13 de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de forma ilegal y apresurada para blindar al chavismo en el poder, entre los que se encontraban algunos de los magistrados de la Sala Constitucional. Esto sucedió después de conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 en las que la oposición alcanzó la mayoría calificada de 112 diputados frente a 55 diputados del PSUV. El chavismo actuó apresuradamente durante el asueto navideño, sin respetar los lapsos de impugnación y designación, para proceder a nombrar los nuevos magistrados aquel 23 de diciembre antes del vencimiento de su período el 5 de enero de 2016.
Para empeorar el asunto, los magistrados designados eran de clara tendencia chavista. Por ejemplo, Calixto Ortega había sido diputado de la bancada chavista entre el año 2000 y el 2010, viceministro de Exteriores para Europa, encargado de negocios en la embajada de Washington, además de haber sido candidato chavista al parlamento en las elecciones que se habían realizado ese mismo mes. Ortega perdió en las elecciones pero entonces fue nombrado magistrado. Por otra parte, Luis Damiani Bustillos se desempeñó como viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Superior desde 2010 durante el gobierno de Hugo Chávez. Juan José Mendoza (nombrado en 2010) había sido un diputado por el partido de gobierno. Y Gladys Gutiérrez fue procuradora de Chávez, embajadora de Venezuela en España, cónsul en Madrid, y diputada suplente por el partido de gobierno en 2005.
Desde entonces la Sala Constitucional se ha afianzado como un brazo político del partido de gobierno, y el estado de derecho en Venezuela (que ya se encontraba deficiente) se ha convertido en una guachafa. La Sala Constitucional se ha dedicado a bloquear por completo el funcionamiento de la Asamblea Nacional desde el inicio de su período el 5 de enero de 2016.
Vea además: Misión Atornillarse - Sentencias del TSJ contra el Estado de Derecho
Búsqueda de sanciones de la OFAC: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
