Las desigualdades en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva generan consecuencias graves y restringen el derecho a la vida de mujeres más pobres.
Cuando las mujeres tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se encuentran más empoderadas para tomar decisiones sobre sus propias vidas y por lo tanto se reducen las desigualdades de género. Por ejemplo, el acceso a los servicios de planificación familiar les permite a las mujeres establecer un equilibrio entre el tamaño de sus familias, su desarrollo profesional y la posibilidad de generar ingresos propios y no depender económicamente de sus parejas. Tener el control de su fecundidad les permite acceder a posibilidades de educación en niveles más elevados y a mejores opciones laborales.
En definitiva, la salud sexual y reproductiva es un factor clave para que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades, para que puedan aprovechar las oportunidades económicas y políticas que se encuentran a su alcance y para que puedan tomar las riendas de su propio destino.
Lamentablemente muchas de las mujeres de nuestra región se encuentran lejos de esta situación en tanto no pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera plena. Y esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres que viven en condiciones de pobreza. La desigualdad en términos de ingresos que caracteriza a nuestra región y la convierte en la más inequitativa del mundo se repite en el plano de la salud reproductiva.
Estas desigualdades en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductivageneran consecuencias muy graves e incluso restringen el derecho a la vida de las mujeres más pobres. Debemos recordar que en América Latina cada año mueren entre 20 y 25 mil mujeres como consecuencia de complicaciones derivadas del embarazo.
Los sectores sociales más acomodados, además, siempre tienen un acceso mayor a los servicios de salud en general. Es notable, sin embargo, que las desigualdades son más marcadas en el acceso a los servicios de salud reproductiva. En el caso de la atención del parto por personal calificado, por ejemplo, los sectores más ricos tienen un acceso cinco veces más alto que los pobres. En lo que respecta al acceso a métodos anticonceptivos también se observa una situación de marcada inequidad.
Las desigualdades también se manifiestan en las tasas de fertilidad adolescente. En Venezuela la tasa es de 33 por mil para el quintil más rico y de 173 por mil para el quintil más pobre. Es decir, más de cinco veces más alta entre las niñas pobres. La maternidad temprana es una de las consecuencias más graves de las desigualdades sociales y de género y, a su vez, también es una causa poderosa que perpetúa y profundiza estas mismas desigualdades, por medio del fenómeno conocido como trasmisión intergeneracional de la pobreza.
Esta situación es triste de por sí, pero es todavía más triste porque puede evitarse. Tenemos los métodos anticonceptivos necesarios para prevenir los embarazos no deseados. Tenemos las tecnologías necesarias para llevar adelante embarazos sin complicaciones. Tenemos la capacidad de enseñar conductas sexuales seguras y de tratar la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Tenemos la capacidad de hacer abortos seguros ya sea con medicamentos o mediante intervenciones médicas. Lo que hace falta es la voluntad política para usar todos estos recursos de manera amplia.
El presente post consiste en extractos de un artículo por Carmen Barroso, Directora Regional del International Planned Parenhood Federation, Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO).
