La justicia española pidió la extradición de Antonio Cubillas, ya que alegan que establece nexos entre la organización armada vasca y las FARC.
Antonio Cubillas, quien actualmente reside en Venezuela, fue deportado de España en 1989 por delitos vinculados al terrorismo. El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha anunciado hoy que se enviará a Venezuela la petición de extradición.
"Se ha solicitado esta extradición por instrucción del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y se ha solicitado en base a distintos delitos que tienen que ver con el terrorismo", ha explicado Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Según ha dicho , el Gobierno "ya ha dado tramite a esa petición y ha solicitado la extradición de Cubillas".
El 20 de octubre, el juez Velasco sugirió a Cubillas que pidiera al gobierno venezolano que le quitara la nacionalidad , de manera que el proceso de extradición fuera más sencillo, y tomando en cuenta que el embajador de Venezuela en España y la fiscal general de este país mostraron a la prensa al "voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder" a la entrega del etarra ante la imposibilidad de extraditar a nacionales venezolanos.
El Gobierno ha accedido a la primera de las cuestiones con base en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y según el Tratado de Extradición, pero no se ha aclarado si se ha hecho alguna gestión con respecto a la sugerencia que Velasco le hizo en su auto, el cual ha acompañado el Ejecutivo en su solicitud de extradición.
El convenio bilateral fija que "cuando la solicitud de extradición se refiera a varios hechos" que no estén penados con menos de dos años o contemplados en una sentencia que establezca una pena de la que resten menos de seis meses por cumplir, "la parte requerida podrá conceder también la extradición por estos hechos".
Antonio Cubillas, reside actualmente en Venezuela labora como jefe deseguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) desde 2007, y actualmente es reclamado por el gobierno español por delitos de conspiración.
De igual manera, el diario La Vanguardia reseña algunos de los delitos que se le imputan: los asesinatos en 1985 de Ángel Facal Soto -al que ETA consideraba traficante de drogas- y del policía Máximo Antonio García Kleinler, atracos a diversas sucursales bancarias, robos "a punta de pistola" de vehículos, incendio de empresas de laboratorios y alimentación y explosiones de artefactos en un concesionario de coches y contra un autobús francés.