Reforma a Ley de Universidades: ¿Pérdida de autonomía universitaria?

Mucho se ha hablado a lo largo de 2010 de una modificación al instrumento legal que rige a los centros venezolanos de educación superior pero no se consigue más que lo publicado en los medios. Sin embargo, con recientes leyes y reformas aprobadas, no se puede hablar de un proyecto descartado.

Según los que la han revisado, la reforma atenta contra la autonomía y la organización de las universidades

Una agitación surge desde los medios. Se viene una reforma a la Ley de Universidades,esa que está establecida desde 1970. No pasa mucho tiempo para que yatengamos en prensa y en sitios en Internet un análisis desmontando todolo que parece ser una nueva estrategia del gobierno para socavar lasbases de las instituciones autónomas de investigación y educación.

Hayinclusos docentes que pasan por correo electrónico su opinión alrespecto con planillas para pedir una propuesta que venga desde elsector ciudadano.

Una rápida revisión en Internet para buscar el documento en cuestión demuestra otra cosa: no hay nada que dé soporte a tanta alharaca. Los medios no se molestaron en publicar más allá de comentarios de expertos. La Asamblea Nacional (AN) no tiene en su sitio Web ningún tipo de referencia y las que se consiguen, pecan por falta de identificación temporal.

Una búsqueda en Twitter revela que hay más una lluvia de personas llamando al activismo a través de firmas y asambleas, pero ninguna que publique la polémica propuesta gubernamental (aunque si hay personas tratando de ubicarlas).

Se podría concluir entonces que no hay reforma y que todo es un invento de los medios, pero no, hay indicios de que se cocina un cambio al instrumento legal.

Indicios de reforma

Lo primero es la inclusión en agendalegislativa de una serie de reformas y leyes polémicas, que la AsambleaNacional justamente pretende aprobar antes del fin de su periodo (quesería en enero, justo antes de cederlo a una conformación donde laoposición participará luego de 5 años de ausencia).

En estepaquete se encuentra la Ley de Cooperación Internacional que suprimelos fondos extranjeros a las Organizaciones No Gubernamentales; lareforma a la Ley Resorte y de Telecomunicaciones con la inclusión deInternet, y la que está más relacionada al tópico de esta nota: lareforma a la Ley de Ciencia y Tecnología donde el estado asume y decidea donde y a qué deben dirigirse los fondos obtenidos a través deiniciativas privadas. Su aplicación está intrínsicamente relacionadacon las universidades porque ellas obtenían buena parte de los recursosa través de esta normativa, y como menciona un articulista en Aporrea,necesita un cambio por parte de la Ley de Universidades para ir acordesal nuevo “modelo socialista”.

Con la llegada del nuevo ministrode Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, más que darle continuidada las gestiones de sus antecesores, tal como afirmó en un principio, hadado marcha a una profundización de cambios al sistema educativo paraadaptarlo al modelo que impulsa el Presidente de la República. Ya enreiteradas oportunidades ha dejado claro que las universidades “debenabrirse al debate” y la autonomía “implica participación mayoritaria”elementos que no podrían darse con el modelo actual.

¿Qué se quiere?

Ya hay una propuesta alternativa que un sector universitario espera introducir ante la AN

Parael ministro, la universidad del siglo XXI “debe ser socialista” y esoes lo que se plantea en la propuesta de reforma a la ley que, sepresume, se introduzca dentro de poco en la Asamblea Nacional.

Deacuerdo a El Universal, de aprobarse la reforma tal como estáplanteada, el gobierno tendrá mayores atribuciones y control de lasinstituciones educativas autónomas. Podrá, por ejemplo, fusionar,integrar o eliminar (temporal o parcialmente) las sedes, núcleos oextensiones a fin de favorecer planes que considere estratégico.

Deacuerdo al doctor Leonardo Carvajal, docente de la Universidad CatólicaAndrés Bello (Ucab), los 93 artículos que componen la propuesta delMinisterio de Educación Universitaria (MEU) “destruiría la autonomía,los sanos procesos de concertación democrática y la carrera académicade los docentes, además de consagrar un poder monáquico”.

Desgrana,a través de un correo electrónico, el proyecto. Afirma que la autonomíano está descrita de manera explícita y le da mayor control al ministrode las decisiones finales de las universidades. También se habla de laparidad del voto, la participación de los consejos comunales y laeliminación del Consejo Universitario como se conoce en la actualidad.

Elmismo Carvajal indica al final una propuesta que redactaron variosdocentes de distintas universidades venezolanas (buena parte de ellasen la capital del país) y donde resalta una visión más inclusiva, dellegar a realizar una reforma al instrumento que data de 1970. Elproyecto ya está siendo impulsado a través de estudiantes y decomunidad universitaria, con el propósito de recolectar la mayorcantidad posible de firmas e introducirlo en la Asamblea Nacional poriniciativa ciudadana.

Falta ver cómo responde el Ministerio deEducación y la propia AN que ya prepara una inalterable agendalegislativa a propósito del fin de su mandato. Aunque vale decir quetodo puede variar si se aprueba una nueva Ley Habilitante, que le dépoderes especiales al Presidente de la República por un tiempo aún sindeterminar.