Para el 14 de diciembre tiene pautada la Asamblea Nacional (AN) no sólo una reforma a la Ley Resorte donde se incluya la regulación de los contenidos en Internet -entre otras nueces- sino a la propia Ley de Telecomunicaciones donde le otorga mayor control al estado a través de CONATEL.
De ambas se ha hablado, pero sólo la Ley de Telecomunicaciones (año 2000) ha estado a punto de ser reformada. Fue en la última entrega de poderes especiales al Presidente de la República, mediante una Ley Habilitante, que surgió una modificación que no se aprobó pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le dio carácter de orgánico.
En la disposición transitoria número 18 de este documento se establece que Venezuela iba a tener un punto único de acceso (especie de filtro de todas las conexiones a Internet mediante un solo nodo) tal como otros países como Argentina, Brasil, Chile o Estados Unidos. Resalta el periodista Luis Carlos Díaz, en un reportaje de la emisora LUZ Radio, que en esas naciones el criterio de administración de esos nodos son neutrales, autónomos o independientes, palabras “que no existen en el país”.
En esta oportunidad es el artículo 212 donde se destaca el punto único de acceso, esta vez propuesto por Cantv (también del estado) y que si bien, el presidente de esta compañía destaca que no se “pretende controlar el acceso a Internet”, sus detractores no piensan lo mismo y toman como ejemplo el caso de países a los que se ha aliado el gobierno de Venezuela como Cuba o China.
La periodista de la Universidad Central de Venezuela (UCV) explicó -en el mismo reportaje donde participa Díaz-, que el establecimiento del nodo único “implicaría que todos los mensajes, que toda la información que sea consultada a través de Internet pase por un filtro supervisado, controlado por el estado”. Esto, a su juicio, se traduce en estar expuestos ante un seguimiento riguroso por parte del estado y que se vaya a violentar, entre otras cosas, el derecho de las comunicaciones establecido en el marco legal venezolano.
Ley Resorte
Uno de los puntos álgidos en la reforma a la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Resorte) es justamente que incluya Internet.
Luego de que se trajera varias veces a la palestra y se rechazara por los usuarios, es el Vicepresidente de la República, Elias Jaua, que envía la nueva solicitud de modificación del instrumento a una Asamblea Nacional que todavía no comparte espacio con partidos opositores. El poder legislativo ya decidió incluirlo en la sesión del martes 14 de diciembre, aún sin una discusión y consulta tan abierta como la que varios sectores desean.
La reforma busca, entre otras cosas, colocarle horarios a cualquier tipo de emisión realizada desde Venezuela y convertir en responsables a los proveedores de servicio de todo contenido que se emita en Internet.
Esto quiere decir que si la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente facultado para hacer el respectivo control, decide que un sitio incurre en una de las tantas fallas que se incluyen entre las modificaciones (y que incluye “zozobra al país, manipulación mediática”y demás nueces), sea la compañía que ofrece el servicio el encargado de bloquear el acceso al sitio de Internet (algo similar a cómo salió del aire el canal opositor RCTV Internacional).
La excusa para esta inclusión la definió claramente la diputada Desiré Santos Amaral en una alocución pública: "Aquí nadie está limitando el acceso a internet, lo que se quiere es establecer mecanismos para su buen uso, y eso es un debate mundial (...). ¿Quién va a estar en contra de proteger a los niños, niñas y adolescentes de mensajes perjudiciales?", en todos los medios de comunicación”.
Las críticas no se han hecho esperar. Algunas apuntan a que se busca ejercer control sobre la opinión mientras que otros aseguran que la actual AN quiere dejar cimentado el camino para entorpecer la labor de la siguiente, que inicia funciones en enero del 2011.
Ya en 2009 se había librado una lucha por la Internet ante el anuncio de la inclusión, por parte del gobierno nacional, de la Internet en una lista de gastos “suntuarios”. Académicos y activistas de varias partes de Venezuela habían mostrado la iniciativa Internet Prioritaria como respuesta a este tipo de acciones, promoviendo el decreto presidencial 825 donde justamente se coloca la red de redes como “prioritaria”.
Hoy no hay acciones concretas, aunque han salido algunas en Twitter como #Laligamontecristo, por lo que será la sociedad civil la que permitirá o no a la AN regular Internet.
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