Prevén limitar la reventa de carros que asigna el Estado

El pasado martes el Parlamento aprobó en segunda discusión 14 de los 38 artículos del texto que le daría al Ejecutivo nacional la facultad para definir los precios de los carros, motos y repuestos.

"El Ejecutivo Nacional por medio del órgano o ente con competencia en materia de costos y precios, es el encargado de fijar los precios máximos de venta de los vehículos automotores terrestres, motocicletas, repuestos partes y accesorios de los mismos, remolques, bateas, carrocerías y volteos nuevos nacionales o importados", señala el artículo 4 del proyecto.

Para los vehículos usados el artículo 6 indica que será en el reglamento de la ley donde se determine una fórmula para considerar el valor real al que deben ser comercializados.

Estas no son las únicas restricciones que tendría la normativa. De acuerdo al artículo 31 las personas que hayan adquirido un auto a través de los planes del Gobierno no podrán revenderlos sino después de tres años.

"Se prohíbe la venta de vehículos automotores terrestres que hayan sido adquiridos por medio de convenios o políticas institucionales instrumentadas por los órganos y entes del Poder Público. Igualmente, se prohíbe la venta de vehículos automotores terrestres que hayan sido adquiridos en virtud de donaciones, subsidios o financiamientos otorgados por órganos y entes públicos".

Al igual que con los autos de las marcas tradicionales, en los portales web se consiguen vehículos usados que fueron ensamblados o importados por el Estado a precios superiores en los que tuvieron en su venta inicial. Así el modelo Orinoco de la marca Chery se oferta en hasta 370 mil bolívares, cuando el Estado lo vende en el sistema Venezuela productiva automotriz en 196 mil bolívares.

Desde la industria automotriz han advertido que el proyecto, tal y como está redactado, no atiende el verdadero problema que hay en el mercado, que es la falta de oferta. Ford Motor de Venezuela expresó la semana pasada en un comunicado que el texto "no atiende las causas ni el problema, sino las consecuencias que se generan por la poca disponibilidad de vehículos".

El proyecto legal también establece prohibiciones para que las aseguradoras otorguen pólizas por encima del precio que fije el Ejecutivo, así como para que los bancos concedan créditos por montos superiores al valor fijado por las autoridades. Las notarías también tendrán la responsabilidad de impedir las ventas de los carros que excedan el precio determinado por el Ejecutivo, según el artículo 22.

Las multas establecidas en el texto van desde las 5 mil unidades tributarias hasta las 50 mil unidades tributarias.