La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sancionará con cárcel o multas a aquellas instituciones públicas o privadas que agredan física o verbalmente a sus usuarios.
La legislación publicada en la Gaceta Oficial el día 22 de julio expresa en el artículo 29 que "no se exime de responsabilidad a los que incurran en estos delitos cuando se invoquen “circunstancias excepcionales de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones o personas”.(El Nacional)
Tal cual lo reseña el diario El Nacional el nuevo instrumento prevé la creación de una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes que estará adscrita a la Defensoría del Pueblo.
Como parte de su estructura organizativa, dicha comisión incluirá a dos voceros pertenecientes a la Defensoría que la presidirán. Además, estará integrada por voceros del Tribunal Supremo de Justicia, la Defensa Pública, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y de los demás ministerios con competencia en materia penitenciaria, relaciones interiores, justicia y paz, comunas y protección social, defensa, salud y pueblos indígenas. Los gastos de la comisión serán cargados al presupuesto de la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, Fernando Fernández catedrático de Derecho Penal y Humanos, manifestó para el diario El Universal que "la tortura tiene ahora una pena superior que el homicidio y aunque es un delito gravísimo, obviamente el homicidio lo es más. Esta es una desproporción producto de la descodificación penal reinante en Venezuela", dijo, al tiempo que agregó: "No solo la pena principal es desproporcionada (hasta 25 años de cárcel), sino la accesoria (25 años de inhabilitación), porque esta última podría implicar la muerte civil y además que atenta contra la reinserción, porque le prohíbe ejercer cualquier cargo".
"En Venezuela hay un esquema de impunidad que impide investigar estos crímenes y por ello es necesario que las autoridades adopten las líneas desarrolladas por las Naciones Unidas, a través del Protocolo de Estambul, para dar con los responsables de incurrir en torturas", afirmó.
Asimismo demandó que se invierte más en la formación de los agentes policiales y de los efectivos de la Fuerza Armada para evitar que sigan incurriendo en actos contra los Derechos Humanos.