La Ley Orgánica de precios justos señala, penalidades como expropiaciones, decomisos, y multas para quienes no cumplan con la amplia regulación sobre márgenes de ganancias y precios en una nación sumida desde hace varios años en un agudo desabastecimiento de productos básicos.
De igual manera la norma establece pena para el acaparamiento. Así mismo, determina prisión de hasta 12 años para quienes incurran en el “boicot” y de hasta 14 años para el “contrabando de extracción” de bienes, es decir, para quienes desvíen a través de las fronteras productos regulados para ser revendidos.
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