En febrero de 2014 la oposición venezolana y (paralelamente) el estudiantado iniciaron una serie de protestas a nivel nacional, conocidas como "La Salida", que colmaron las principales calles y avenidas exigiendo la liberación de los presos políticos, seguridad en el país, abastecimiento y eventualmente la liberación de estudiantes detenidos.
Desde los primeros días del mes de febrero (4 de febrero) se iniciaron las protestas estudiantiles en Táchira, los estudiantes de la Universidad Católica protestaron fueron acusados de atacar la residencia del gobernador José Gregorio Vielma Mora, donde se encontraba la primera dama de la entidad. Tras esa protesta fueron detenidos cuatro estudiantes: Leonardo Manrique (ULA), Reinaldo Manrique (Universidad Católica) y Jesús Gómez (Javu) y una comerciante de nombre Patricia Sarmiento. Los estudiantes fueron enviados a la cárcel de Coro.
El dirigente opositor Leopoldo López junto con María Corina Machado convocaron a una marcha para el 12 de febrero, día de la juventud (conmemoración de la Batalla de la Victoria).
El 12 de febrero durante las protestas hubo unos 66 heridos y tres ciudadanos fueron víctimas de disparos en la cara o la cabeza: Juan Montoya (53 años, miembro del colectivo Leonardo José Pirela del 23 de Enero), Bassil Alejandro Da Costa (23 años, estudiante de Mercadeo en la Universidad Alejandro Humbolt) y Robert Redman (31 años, estaba recién graduado como piloto privado). Este mismo día el Tribunal Décimo Sexto (16º) en funciones de control a cargo de la Dra. Ralenis J. Tovar Guillén, emitió una orden de arresto para López bajo cargos que incluían terrorismo, instigación a cometer crímenes, intimidación pública, incendio provocado de un edificio público, daños a propiedad pública, y homicidio.
Detención de Leopoldo López
El 16 de febrero el presidente Maduro acusó a Leopoldo López y le solicitó que se entregara a la justicia afirmando que "había rechazado las presiones de Washington para que levante los cargos en su contra" al mismo tiempo que aseguró que "había ordenado a tres funcionarios consulares estadounidenses a que dejen el país por conspirar en contra de su gobierno".
Leopoldo López convocó a una concentración para el 18 de febrero en la que había anunciado que se entregaría, pidiendo que los presentes se presentaran vestidos de blanco, como símbolo de no violencia. Ese día López se presentó y dio un discurso a los presentes, criticando la corrupción y el desastre económico que ha producido el gobierno. Posteriormente se entregó a la Guardia Nacional en la presencia de miles de sus seguidores.
Leopoldo López, quien fue alcalde del municipio Chacao por dos períodos, ya había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos en 2008 por un largo período de varios años, mediante una pena accesoria dictada por la Contraloría General de la República, sin que hubiese existido un juicio previo donde haya podido ejercer su derecho a la defensa o conocer previamente los cargos que le eran imputados. A estas alturas tal proceso judicial nunca se llevó a cabo.
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Protestas continuan
Desde entonces las protestas y manifestaciones continuaron nivel nacional. Estudiantes del estado Táchira, Mérida, Trujillo, Carabobo, Zulia, Lara, Caracas y otras localidades, permanecieron en las calles protestando y exigiendo derechos.
Luego de detención de los alcaldes opositores Enzo Scarano (Valencia) y Daniel Ceballos (Táchira), realizada este miércoles, nuevamente los estudiantes de ambas entidades convocaron a marchar ayer jueves para exigir la liberación de los alcaldes al igual que de Leopoldo López y demás presos políticos.
En Caracas desde tempranas horas de la mañana salieron las personas a las calles a manifestar. En el caso de Santa Fe, Bello Monte y Altamira las manifestaciones terminaron en varias oportunidades con enfrentamientos entre estudiantes con efectivos de la GNB y la policía. También se realizaron protestas frente a la sede de la OEA.
En Maracaibo, la Plaza de la República ha sido el centro de numerosas protestas, que en ocasiones han llegado a convertirse en enfrentamientos con la fuerza pública. No obstante se han presentado manifestaciones y guarimbas prácticamente en las principales calles y avenidas de la ciudad.
Las manifestaciones, protestas y barricadas se extendieron en gran parte del territorio nacional, especialmente en las en las principales ciudades del país. La GNB tuvo la tarea de quitar las barricadas, en un desgastador juego del gato y el ratón, ya que en muchos casos los estudiantes, los manifestantes o los mismos vecinos volvían a colocarlas.
Táchira
Táchira, fue una de las ciudades más intensas, debido a que se registraron hechos violentos. Desde el inicio de las manifestaciones San Cristóbal no ha parado, esta cuidad perteneciente del estado Táchira, permanece en las calles pidiendo “libertad para Venezuela”. Las barricadas son otros de los métodos que han empleado los tachirenses. Vale mencionar que San Cristóbal, capital del estado Táchira, se encuentra en la frontera entre Venezuela y Colombia, ha sufrido del una criminalidad desatada y una severa escasez de productos básicos.
Desde la detención del alcalde de San Cristobal, los comercios en la cuidad comenzaron a cerrar desde la mañana, mientras que parte de la sociedad civil se dio cita en la avenida Carabobo, en rechazo a la detención del alcalde de la ciudad. En la Concordia, se observan las santamarías abajo una actividad comercial paralizada .
El mercado de Los Pequeños Comerciantes de la ciudad, ubicado en el sector, cerró sus puertas y se mantuvo así todo este jueves. El mismo caso fue el de un supermercado reconocido en la ciudad.
Guarimbas
Uno de los métodos que han caracterizado estas protestas fue el empleo de "guarimbas" en las que, (inicialmente) los estudiantes armaban barricadas en calles y avenidas, en muchos casos propiciándose enfrentamientos con la Guardia Nacional u otros organismos de la fuerza pública. Las guarimbas se extendieron a parte importante del territorio nivel nacional, especialmente las ciudades, y no se limitó a las protestas estudiantiles.
Muchas de estas guarimbas eran propiciadas vías públicas por los mismos vecinos del sector. La Guardia Nacional se encontraba en la tarea de levantar las barricadas, pero los vecinos o manifestantes las colocaban de nuevo.
Consecuencias
El período de protesta trajo como consecuencia la muerte de 43 personas, unos 1.800 heridos en todo el territorio nacional y miles de detenidos. En muchas ocasiones se produjeron actos de vandalismo, destrucción de propiedad pública y privada. También durante el tiempo que se realizaron las protestas se suspendieron clases en colegios y universidades, a la vez que numerosos comercios y lugares de trabajo permanecieron cerrados.
Se registraron además numerosas violaciones a los derechos humanos. Desde detenciones arbitrarias, hasta el uso inadecuado de armas para el control del orden público (incluso de armas de fuego). El Foro Penal Venezolano registró al menos 18 casos de torturas a detenidos que incluyeron golpizas, descargas eléctricas, asfixia y tortura psicológica. también en muchos casos se negaron derechos como el acceso a un abogado, o los obligaban a firmar actas donde declaraban que si habían sido representados por un abogado. Estas denuncias fueron registradas por Amnistía Internacional en un informe en el que se reflejaron "las condiciones de detención y reclusión claramente violatorias de los derechos humanos; el uso excesivo de la fuerza durante el control de protestas sociales y las decenas de denuncias recientes de torturas y otros maltratos".
Sería difícil e improcedente atribuir las consecuencias a dirigentes opositores como el gobierno ha pretendido, aunque puedan existir responsabilidades personalísimas sobre hechos concretos. Realmente las protestas no han sido vacías y quienes llevan las riendas del gobierno tienen la responsabilidad de atender los problemas que afectan a la población, aunque no sean seguidores políticos. Pero es una moneda de dos caras, el derecho a la protesta se encuentra consagrado en la ley, pero el derecho al libre tránsito también lo está.
También está el caso de los presos políticos, que continúan sujetos a procesos judiciales dudosos.
