Para este domingo 20 de mayo se ha convocado un supuesto proceso electoral con el que Nicolás Maduro pretende consolidar una dictadura de corte cubana en Venezuela. También participan Henri Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada; pero en la práctica no habrán candidatos opositores.
El 14 de abril de 2013, a solo cinco semanas del anuncio sobre el fallecimiento de Chávez, Nicolás Maduro resultó electo presidente de Venezuela por un estrecho margen de 223.599 votos frente al entonces candidato opositor Henrique Capriles (fueron 7.587.579 votos vs 7.363.980 votos según el CNE). Dos años después, la oposición venezolana arrasó en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en las que alcanzaron una mayoría absoluta (112 diputados opositores o 66% de curules, vs 55 diputados del PSUV o 34% de curules). A partir de ese momento el régimen madurista mostró sus verdaderos colores; despojaron de toda autoridad a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) y embarraron cada uno de los procesos electorales posteriores.
Para mañana se han convocado supuestas elecciones para elegir al presidente de Venezuela, elecciones que efectivamente se encuentran previstas en la Constitución de 1999, pero que fueron convocadas por una ilegal e ilegítima asamblea constituyente. Y desde que Maduro asumió el poder se inició un proyecto paralelo con el que han inhabilitado políticamente o privado de libertad a importantes personajes y líderes de oposición que podrían haberse enfrentado a Maduro en un proceso electoral, al mismo tiempo que se han empleado todos los recursos del Estado en campañas de descrédito. Por si fuera poco, el régimen también ilegalizó un número importante de partidos políticos y excluyó a la principal coalición opositora (MUD) de poder participar en cualquier proceso electoral.
Fraude cantado
Las elecciones parlamentarias de 2015 fueron las últimas elecciones medianamente libres que se han realizado en Venezuela. El nivel de participación fue tan alto (74%) y las votaciones fueron tan masivas que se le dificultó al régimen la posibilidad de cambiar el curso de los resultados, pero lo intentaron. Cómo en todas las elecciones previas, no escatimaron esfuerzos para movilizar votantes con el uso y abuso de los recursos del estado y el otorgamiento de "beneficios" en los días previos y durante el proceso electoral.
El día de hoy está más claro el modus operandi del chavismo/madurismo en los procesos electorales y esto solía incluir el conteo verificable de la votación en épocas cuando nadaban en popularidad, pero siempre limitando las garantías previas. Aunque puedan tratarse de experiencias anecdóticas, es difícil tapar la corrupción cuando se hace a escala masiva; cuando ves toldos en las cercanías de los centros de votación ofreciendo alimentos, bonos, y la promesa de otros beneficios a cambio del voto (un delito electoral), aprovechándose de las necesidades de la gente; o cuando se observa un otorgamiento indiscriminado de documentos de identidad a extranjeros justo antes de los procesos electorales (usualmente colombianos, pero muchos cubanos obtuvieron papeles desde que Chávez llegó al poder en 1998 e incluso votaron en procesos electorales antes de emigrar del país por la crisis).
Sin embargo, algo se quebró en el régimen cuando perdieron las parlamentarias en 2015: Los votos ahora no se cuentan de manera confiable y el estado de derecho en lo que a instituciones públicas se refiere ha perdido progresivamente su vigencia. A lo largo del año 2016 el régimen bloqueó todos los intentos de la oposición para convocar un Referendum Revocatorio. En 2017 convocaron una ilegal Asamblea Nacional Constituyente sin realizar un Referendo Consultivo previo (como en 1998) y subordinaron todas las entidades y poderes públicos a ella.
La belleza de esa estratagéma fue que solo la mitad de los constituyentes estarían sujetos a elección popular, con lo que el régimen a priori tenía garantizada una mayoría. En consecuencia, la oposición al unísono decidió no participar. Ese proceso del 30 de julio de 2017 para elegir a los contituyentes estuvo marcado por una alta abstención. Fue desde este proceso electoral cuando el CNE comenzó a inflar votos artificialmente, anunciando que más de 8 millones de votantes habían participado (41.53 % del REP). Hasta la infame Smartmatic, esa empresa que solía proveer las maquinas automatizadas, declaró de manera oficial que hubo manipulación en los datos de participación de esas elecciones, asegurando que «la diferencia entre la cantidad anunciada (por el CNE) y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores».
La oposición que el régimen aprueba
La oposición venezolana, esa que se agrupaba en la MUD y ahora lo intenta con el llamado «Frente Amplio» (o lo que venga después), nuevamente anunció que no participará en ese fraude electoral. Sin embargo, varios sectores opositores se han deslindado de esta posición y han decidido participar de una forma u otra, especialmente en lo que respecta a las elecciones a consejos legislativos estadales y municipales. Ya en 2005 tuvimos una experiencia donde la oposición decidió retirarse completamente de un proceso electoral en protesta por la falta de garantías electorales, pero igual procedieron con esas elecciones y con 75% de abstención, el chavismo obtuvo el 100% de los curules.
La diferencia es que ahora no son realmente elecciones y fueron convocadas por la constituyente madurista, una autoridad ilegítima. La constitución venezolana establece en su artículo artículo 138 que «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».
Se trata de un proceso sin garantías ni lapsos electorales; sin la libre participación de una larga lista de opositores que se encuentran inhabilitados (como Henrique Capriles, Manuel Rosales, María Corina Machado, etc.), privados de libertad (como Leopoldo López, Daniel Ceballos, etc.) o en el exilio (como Antonio Ledezma, Ramón Muchacho, etc.); o bien cuyos partidos políticos u organizaciones han sido completamente ilegalizados. Actualmente hay cientos de presos políticos en el país. Este proceso es más bien comparable con aquel que se realizó en julio de 2017 para elegir la mitad de los diputados de esa ilegítima asamblea constituyente.
Un amplio margen de la población venezolana es de tendencia opositora y se opone a la consolidación de una dictadura, lo que es especialmente cierto en las mayores zonas urbanas.
Entonces se presenta Henri Falcón como candidato opositor, quien se separa de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para presentarse en las elecciones por el partido Alianza Progresista (AP). Falcón es un chavista light. Fue alcalde de Barquisimeto en dos periodos entre 2000 y 2008 con el apoyo de los partidos políticos afectos al chavismo (MVR, MAS, MEP, PPT y PCV) y luego gobernador del estado de Lara en dos periodos, el primero en 2008 con el apoyo de Chávez (PSUV) y el segundo periodo en 2012, esta vez en oposición a Chávez.
También se presentan en este proceso: Javier Bertucci, expastor evangélico y empresario renombrado por su mención en los Papeles de Panamá según los cuales sería parte de un entramado internacional para ocultar activos en paraísos fiscales; y Reinaldo José Quijada, un militante del PSUV quien apoyó el golpe de Estado de Chávez en 1992.. ¿Siguen el patrón?.
Países que no aceptarán resultados
Si algo positivo ha salido de esta debacle es que un número importante de países ha tomado una posición activa en contra de la consolidación de una dictadura en Venezuela, al mismo tiempo que se desarrollan novedosos mecanismos para prevenir el flujo de capitales y el bloqueo de bienes ligados a fuentes de corrupción roja. No sería descabellado que fuese creado un nuevo organismo internacional que se encargue de coordinar esta tarea.
Por lo menos 40 países han anunciado que no reconocerán los resultados de estas supuestas elecciones por considerarlas ilegítimas. Esto no sucedía con Chávez. Por su obra Chávez era un dictador, pero después de los sucesos del 11 de abril de 2002 tuvo clara la importancia del reconocimiento internacional en el panorama geopolítico mundial. De hecho, uno de los factores que impulsaron su regreso al poder el 13 de abril fue precisamente el desconocimiento casi inmediato del gobierno de facto de Carmona Estanga por parte de los países de la OEA.
Estados Unidos, los 28 países de la Unión Europea y las 12 naciones americanas agrupadas en el Grupo de Lima ya anunciaron que no reconocerán los resultados por considerar que han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. La OEA aprobó una resolución en febrero que exigía al gobierno venezolano cancelar las elecciones presidenciales.
Apoyan a Maduro los sospechosos de siempre: individuos, organizaciones y gobiernos alineados en el Foro de São Paulo o con intereses conexos con el régimen venezolano. Los gobiernos de Bolivia y Nicaragua apoyan la realización de elecciones en los términos planteados. El gobierno del Ecuador ha permanecido neutral (más bien a favor de las elecciones). Las islas del Caribe que forman parte del ALBA y reciben petróleo a precios preferenciales mantienen su apoyo a Maduro en la OEA. Pero sobre todo, sería impensable hablar de la consolidación de una dictadura en Venezuela sin el apoyo técnico y político tanto de Rusia como del régimen cubano, enemigos incuestionables de la democracia.
Esto va a terminar mal para el régimen de Maduro, o para Venezuela. Son irreconciliables.
