El arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) determinó que PDVSA tiene una responsabilidad contractual limitada por el acuerdo del proyecto de Cerro Negro.
En 1997, Mobil (adquirida posteriormente por Exxon) y Pdvsa acordaron una asociación estratégica en el marco de la llamada "apertura petrolera" para operar un área de la rica Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, la mayor reserva mundial de crudo con un estimado cercano de 300.000 millones de barriles recuperables. En 2007, el Gobierno del presidente Hugo Chávez decidió unilateralmente nacionalizar la Faja petrolífera del Orinoco y recuperar así la soberanía sobre los recursos petroleros. Esto se hizo efectivo mediante la creación de empresas mixtas en las que PDVSA posee al menos 60% de las acciones.
Frente a esto, ni Conoco Phillips ni Exxon Mobil aceptaron la fórmula de Empresas Mixtas y optaron en 2007 por retirarse de Venezuela para ejercer acciones de arbitraje internacional. En febrero de 2008 la petrolera ExxonMobil obtuvo una orden judicial en una corte británica para congelar preventivamente los activos de PDVSA en Inglaterra, Gales y las Antillas Holandesas hasta por un exorbitante valor de 12 mil millones de dólares norteamericanos. Esta medida preventiva fue revocada poco tiempo después.
El pasado 2 de enero de 2012, el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) anunció el otorgamiento a ExxonMobil de unos 900 millones de dólares como indemnización por la expropiación de sus activos por parte del gobierno venezolano. De inmediato PDVSA emitió un comunicado indicando que de ese monto, sólo le corresponderá pagar a ExxonMobil unos 255 millones de dólares en un plazo de 60 días, tras descontarle una serie de créditos reconocidos a la estatal por el Tribunal de la CCI.
Ahora, sean $900 millones o $255 millones, se trata de sumas muy por debajo de los 12.000 millones de dólares que Exxon Mobil inicialmente reclamó ante el Tribunal de Arbitraje (luego bajó a 7.000 millones de dólares). No obstante, esta decisión no pone fin a la controversia con Exxon Mobil y otros grupos expropiados, pues hay otros procedimientos en curso.
