Reporte 2006 de Human Rights Watch sobre Venezuela

Extracto del informe (2006) realizado por Human Rights Watch, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El informe es especialmente severo con la falta de independencia del poder judicial y las amenazas a la libertad de expresión.

Desde que ganó un referendo nacional sobre su presidencia en 2004, Hugo Chávez y su coalición mayoritaria en el Congreso han adoptado medidas para debilitar la independencia del Poder Judicial del país copando la Corte Suprema con sus aliados. También han promulgado leyes que amenazan seriamente la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Varios miembros destacados de la sociedad civil han sido objeto de enjuiciamientos por cargos altamente dudosos, y los funcionarios del gobierno han acusado repetidamente a los defensores de los derechos humanos de conspirar contra la nación. La violencia policial, la tortura y las condiciones penitenciarias abusivas se encuentran también entre los problemas más graves del país en materia de derechos humanos.

Independencia del Poder Judicial

El Congreso de Venezuela propinó un duro golpe a la independencia judicial en diciembre de 2004, al copar la Corte Suprema con 12 nuevos magistrados. Una mayoría de la coalición gobernante, dominada por el partido del Presidente Chávez, nombró a los jueces que ocuparían los puestos creados por una ley aprobada en mayo de 2004, que amplió la composición de la Corte de 20 a 32 miembros. Además de los magistrados nombrados para los 12 puestos, se nombraron cinco jueces más para cubrir las vacantes creadas en los últimos meses, y otros 32 fueron nombrados como magistrados de reserva.

La toma política de la Corte Suprema agravó el daño que ya habían provocado a la independencia judicial las políticas de la propia Corte. La Corte, que ostenta el control administrativo de la judicatura, no ha ofrecido seguridad en el puesto al 80 por ciento de los jueces del país.

Libertad de expresión

Algunas leyes aprobadas desde finales de 2004 han introducido nuevas restricciones onerosas sobre los medios de comunicación. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y televisión, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2004, establece reglas detalladas sobre el contenido de los programas de radio y televisión. Por ejemplo, cuando se considere que una estación hace “apología o incite” a la alteración del orden público o emita mensajes públicos “contrarios a la seguridad de la nación” podrán imponérsele duras multas o ordenar la suspensión de las emisiones durante 72 horas; si vuelve a incurrir en un delito, se le puede retirar la licencia de emisión durante un período hasta cinco años. Los términos clave como los antes citados no están bien definidos, lo que invita a una aplicación con motivos políticos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) puede dictar “medidas cautelares” para prohibir la transmisión de contenidos ilegales.

En marzo de 2005, entraron en vigor enmiendas al Código Penal que ampliaron el alcance de las leyes venezolanas sobre desacato, y aumentaron las penas por este delito, la difamación criminal y el libelo. Al ampliar las disposiciones sobre desacato, Venezuela ignoró las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se resistió a una tendencia a revocar este tipo de leyes en todo el continente.

En julio, el Fiscal General Isaías Rodríguez ordenó una investigación para dilucidar si el periódico El Universal había sometido ilegalmente al organismo que dirigía y al Poder Judicial del país a un ultraje institucional con la publicación de un editorial titulado “Justicia Arrodillada”. En octubre, en un fallo bien recibido, la Corte Suprema concluyó que el editorial en cuestión no constituía de hecho un “ultraje institucional” prescrito por la ley. La Corte señaló, sin embargo, que la Constitución prohíbe el uso de la libertad de información y opinión "con fines de desestabilización de las instituciones democráticas".

Defensores de los derechos humanos y sociedad civil

Los funcionarios públicos y los medios de comunicación oficiales siguen emprendiendo iniciativas para desacreditar a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno y los legisladores progubernamentales acusaron públicamente a Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones y crítico destacado de la política penitenciaria, de iniciar una protesta carcelaria. En enero, se informó de que Prado había recibido amenazas anónimas en su teléfono celular. En marzo, COFAVIC, una reputada organización de derechos humanos, informó de que los medios oficiales habían insinuado que la organización se había apropiado de una parte del dinero pagado por el Estado como indemnización a las víctimas de asesinatos policiales durante las protestas del Caracazo de 1989, una acusación firmemente rechazada por la organización.

En agosto de 2005, el Tribunal Supremo rechazó una petición de otra organización de derechos humanos, PROVEA, para que ordenara que el Presidente Chávez se retractara públicamente de unas declaraciones en las que sugería que ambos grupos estaban participando en una conspiración contra el gobierno apoyada por Estados Unidos.

Durante 2005, la Fiscalía General abrió una investigación criminal contra uno de los abogados de derechos humanos más respetados del país, Carlos Ayala Corao (antiguo presidente de la CIDH y actual presidente de la Comisión Andina de Juristas), por su presunta participación en el fallido golpe de 2002 contra Chávez. El fiscal encargado de la investigación se negó a informar a Ayala de los detalles y el fundamento de la acusación, y un juez respaldó al fiscal cuando Ayala cuestionó la actuación del fiscal. Después de una campaña concertada por activistas de derechos humanos locales e internacionales, el fiscal retiró finalmente los cargos en octubre.

En julio, un tribunal de Caracas ordenó el enjuiciamiento de cuatro líderes de la sociedad civil acusados de traición. La corte ordenó el juicio de María Corina Machado, Alejandro Plaz y otros dos colegas acusados de traición por un fiscal público porque su organización gubernamental, Súmate, habría aceptado fondos extranjeros para un programa de fomento de la participación ciudadana en un referendo de 2004 sobre la presidencia del Presidente Chávez. Fueron acusados, en virtud del artículo 132 del Código Penal de Venezuela, de “conspirar para destruir la forma política republicana” porque Súmate había recibido apoyo financiero del National Endowment for Democracy (NED). Según la NED, una organización financiada a su vez por el Congreso de Estados Unidos, Súmate recibió 31.150 euros, que se destinaron a talleres para educar a los ciudadanos sobre el proceso de referendo constitucional en Venezuela. Si fueran condenados, Machado y Plaz podrían cumplir una pena de hasta 16 años de prisión.

Para ver el reporte completo en formato PDF: Reporte sobre Venezuela.