Los trabajos de dragado realizados en el río San Juan por parte de Nicaragua, ocasionaron diversos daños ambientales a la zona del río en Costa Rica, lo que condujo a un conflicto diplomático entre ambas naciones que a su vez traería consigo una disputa sobre la soberanía de la isla Portillo que forma parte del territorio de Costa Rica.
Desde la época colonial el río San Juan es considerado como una importante vía para el comercio centroamericano. Por tal motivo, surgió la posibilidad de construir un canal transoceánico que ayudará al fortalecimiento y posicionamiento comercial y económico de los países. Sin embargo, esto solo trajo disputas entre Nicaragua y Costa Rica.
En tal sentido, en 1958, Nicaragua y Costa Rica firman el Tratado de Cañas-Jerez, en cual se demarcaron los límites entre ambas naciones. A Nicaragua le correspondería la soberanía sobre el cauce del río y a Costa Rica se le concedieron derechos de navegación con fines comerciales, manteniendo algunas restricciones, entre éstas: la prohibición de navegar con buques de guerra.
Sin embargo, en 1998, surgieron varios incidentes en relación a las diferentes interpretaciones del Tratado dadas por ambos gobiernos. Éstas interpretaciones discordantes se le atribuyen a la posibilidad de construir un nuevo canal transoceánico paralelo al de Panamá, que fuese mucho más económico y por el cual pudieran navegar embarcaciones de mayor calado. La idea era aprovechar las aguas navegables del Lago Nicaragua y el cauce del río San Juan.
Demanda de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (2005)
En este sentido, en 2005, Costa Rica interpuso un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, mostrando su desacuerdo en la navegación del río. En 2009, la CIJ se pronunció destacando que la soberanía total del río San Juan era de Nicaragua, pero dejó en claro que Costa Rica estaba en pleno derecho de navegar con fines comerciales en los 140 km del cauce fluvial que fluyen en la frontera entre ambos países.
En el mismo año, el presidente nicaragüense Daniel Ortega promulga el Decreto y las Normas de Reglamentación para la Navegación sobre el río San Juan. Lo cual no gozó del total agrado del gobierno costarricense. Las normas incluían la posibilidad de realizar trabajos de dragado y limpieza en el río con la finalidad de recuperar su caudal y los humedales hasta su desembocadura en el Caribe. La soberanía sobre los humedales detona otro conflicto entre ambas naciones.
El 18 de octubre de 2010, Nicaragua inició las actividades de dragado a lo largo de 33 km del cauce del río San Juan, con el fin de limpiar el río para facilitar su navegación. No obstante, Costa Rica acusó a Nicaragua de afectar su soberanía nacional al arrojar sedimentos en su orilla del río. De igual manera los lugareños costarricenses denunciaron abusos por parte de militares nicaragüenses encargados de custodiar el río.
Por consiguiente, Costa Rica -que carece de ejército- envió un grupo policial a isla Portillos para corroborar éstas denuncias. Por su parte, el entonces presidente de Nicaragua Daniel Ortega envió tropas a la zona. Según Ortega su intención no fue provocar un enfrentamiento sino luchar contra el narcotráfico en el área.
Ante éste hecho, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla acudió a la OEA con el objetivo de entablar un dialogo con Ortega y que éste retirará las tropas de las fronteras. Sin embargo, Ortega respondió que detrás del reclamó de Costa Rica estaban los intereses de los carteles del narcotráfico, y que la zona fronteriza en conflicto es un área de continua actividad del narcotráfico internacional.
Soberanía de la isla Portillos
El Gobierno de Nicaragua argumentó que sus tropas se encontraban en su territorio nacional basándose inicialmente en los mapas de Google Maps -despues de esto el buscador corrigió lo límites trazados en el mapa casi inmediatamente-. Ortega, aseguró que entre las labores de dragado se encontraba la limpieza de un antiguo caño. Por su parte, Costa Rica dijo que dicho caño nunca existió. Sobre la existencia de ese caño los nicaragüenses basan su reivindicación sobre la soberanía de isla Portillos.
Por consiguiente, Nicaragua reclamó la soberanía de la isla Portillos, que es una zona de humedales con aproximadamente 3 kilómetros cuadrados de extensión, ubicada al norte de la isla Calero. La isla Portillos es la octava isla de mayor extensión en Costa Rica con 19.8 km2, comprende el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. Cabe destacar que la isla Portillos ha sido confundida con la isla Calero, de mayor tamaño.
Sin embargo, hasta la fecha, Nicaragua no han presentado ninguna demanda en la CIJ contra Costa Rica.
Acusaciones entre ambos Gobiernos
Durante los últimos años, el conflicto limítrofe ha estado latente. Costa Rica acusa a Nicaragua de haber ocasionado daños a los humedales y de la deforestación causada por el proceso de dragado en el río San Juan, realizado por la empresa ALBANISA (asociación entre Nicaragua y Venezuela).
Asimismo, el gobierno costarricense asegura que el interés de Nicaragua se centra en el deseo de extraer petróleo en el humedal ubicado en isla Portillos. No obstante, se cree que Nicaragua planee la construcción de un segundo canal transoceánico paralelo al de Panamá.
Por su parte, Costa Rica es acusada de perjudicar a 23 mil especies de animales y de perjudicar la flora, como consecuencia de la construcción de una carretera en la franja limítrofe que permita el acceso por vía terrestre a las principales ciudades del país.
Demanda ante la Corte Iberoamericana de Justicia (La Haya)
Costa Rica demandó a Nicaragua ante la CIJ en diciembre de 2010, argumentado que las obras de dragado realizadas por Nicaragua podría ocasionar daños irreparables en la zona. En marzo de 2011, la CIJ ordenó a los dos países mantenerse fuera del área. Sin embargo, Costa Rica acusó a Nicaragua de violar la orden con el ingreso de personas y maquinarias en el área para abrir canales artificiales.
En tal sentido, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que «Nicaragua tendrá que garantizar la retirada del territorio en litigio de todos los agentes, ya sean civiles, de policía o de seguridad, e impedir la entrada de tales agentes en el territorio». Asimismo, la resolución dio lugar a dos medidas cautelares presentadas acerca del litigio por la soberanía de la isla Portillo y la supuesta construcción de dos canales artificiales por parte de Nicaragua en la zona.
En segundo lugar, la CIJ exigió el cese de cualquier actividad de dragado o similares en el territorio en disputa, y le otorgó un plazo de 15 días para cerrar los canales en construcción. A su vez, la CIJ autorizó a Costa Rica a tomar las medidas convenientes para garantizar el cuidado medioambiental en la zona.
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